¡Una de las elecciones más dramáticas de la historia!

El próximo domingo culminará uno de los procesos electorales más dramáticos de nuestra historia republicana. ¿Por qué uno de los más dramáticos? Porque luego de dos décadas de democracia –en las que se desarrollaron cuatro elecciones sin interrupciones, se triplicó el PBI y se redujo la pobreza del 60% de la población a solo 20% (hasta antes de la pandemia–, de pronto, uno de los candidatos en la segunda vuelta propone derogar la Constitución –mediante una constituyente– para centralizar el poder sobre las instituciones y colectivizar la economía. Es decir, propone desandar todo lo avanzado.

El dramatismo se acrecienta porque hasta antes del único debate entre Keiko Fujimori de Fuerza Popular y Pedro Castillo de Perú Libre las encuestadoras registraban un empate técnico y alrededor de un 20% de la población (indecisos y blancos y nulos), que no había definido su opción electoral. El hecho de que Castillo, un candidato que propone destruirlo todo para volver a “refundarlo todo”, obtenga cerca de la mitad de la votación revela el daño incalculable que infligió al proceso republicano la administración Vizcarra, por su manejo de la pandemia y la economía.

Otro de los hechos que aumenta el dramatismo del proceso eleccionario es el nivel de deterioro en que la administración Vizcarra ha dejado a las instituciones republicanas. Los cuestionamientos en contra del presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Jorge Salas Arenas –quien tiene la capacidad de dirimir en el tribunal electoral (por falta de un miembro)– han ido en aumento. 

Sin embargo, lo que ha disparado las alarmas de todos los sectores democráticos es la renuncia de Delia Revoredo, Gastón Soto Vallenas y Carmen McEvoy al Tribunal de Honor del Pacto Ético Electoral por no contar “con un respaldo leal en parte del equipo de apoyo logístico que nos ha sido asignado por el Jurado Nacional de Elecciones”. La renuncia de las señaladas personalidades es un golpe devastador a la credibilidad del JNE.

En medio de esta situación se multiplican las denuncias acerca de los retrasos y problemas en la instalación de locales y mesas en los que deben votar cerca de un millón de peruanos en el exterior. De otro lado, se multiplican los rumores acerca de que 300,000 efectivos de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú (PNP) no votarían en los comicios, tal como sucedió en las elecciones del 2016. Un hecho que ensombreció el proceso.

Ante esta situación es imprescindible que el JNE aclare los cuestionamientos que han planteado los renunciantes miembros del Tribunal de Honor del Pacto Ético Electoral. Si no hay pronunciamiento, las especulaciones de irregularidades irán en aumento, hiriendo de gravedad el proceso electoral en curso.

De otro lado, el presidente Sagasti debe enviar un mensaje a la nación anunciando que todos, absolutamente todos los locales de votación en el exterior han sido habilitados, y que ningún peruano residente en el exterior perderá la oportunidad de ejercer el voto. Igualmente el jefe de Estado debe garantizar que ningún miembro de las Fuerzas Armadas y policiales dejará de ejercer su derecho al sufragio.

Sin embargo, el verdadero ejército que defenderá la transparencia del proceso electoral solo estará en la movilización y organización de los personeros para defender cada voto a favor de la libertad en la mesa más alejada del país. A contracorriente del relato comunista, Keiko Fujimori, la candidata que defiende el sistema republicano y las libertades en esta elección, ha enfrentado el proceso electoral con la mayoría de las instituciones en contra y abiertamente controladas por el vizcarrismo.

En este contexto, la consigna es una sola: ¡Ni una sola mesa de votación de la sierra, la selva y la costa, sin un personero republicano que defienda la libertad!