¡El Ejecutivo recupera por fin la legítima defensa!

En los últimos días el Ejecutivo, al amparo de las facultades delegadas por el Congreso, promulgó tres decretos legislativos que, en la práctica, establecen un nuevo espíritu en la lucha contra el crimen organizado. Uno de los decretos aborda el urgente amparo de la legítima defensa, un principio universal que explica casi todos los logros institucionales de las sociedades democráticas. 

Otra de las normas tiene que ver con el incremento de las penas a quienes presten sus cuentas bancarias o billeteras digitales para facilitar los delitos de extorsión. A partir de ahora las sanciones de los cómplices será la misma que para el extorsionador: entre 10 y 15 años de cárcel.  Finalmente, otra norma a destacar es el decreto legislativo que regula el control de las Fuerzas Armadas de los perímetros de las cárceles.

De alguna manera se percibe un nuevo espíritu: legítima defensa, incremento de las penas y colaboración de las Fuerzas Armadas.

Vale subrayar el decreto de la legítima defensa que establece que cualquier ciudadano tiene el derecho de repeler una amenaza violenta en contra de su vida, de su salud y de su propiedad. Con el decreto legislativo 1743 el principio de la legítima defensa vuelve a recuperar el papel que suele cumplir en cualquier Estado de derecho. Por ejemplo, se señala que la persona que actúe, en determinadas circunstancias, en defensa de bienes jurídicos propios o de terceros, incluso utilizando la fuerza letal, estará exento de responsabilidad penal.

Uno de los hechos más relevantes es que se presume la racionalidad del medio empleado en la legítima defensa. Si no fuese así corresponde al Ministerio Público demostrar lo contrario. Y uno de los criterios que representa el final de la influencia progresista en el derecho penal es que para evaluar la racionalidad del medio empleado no se considerara el criterio de la proporcionalidad que suelen demandar las oenegés de izquierda. Ahora se deberán considerar la intensidad y peligrosidad del acto delincuencial, la forma de proceder del delincuente, los medios para ejercer la legítima defensa y los bienes jurídicos amenazados por el agresor. Algo más. Para establecer la racionalidad de la legítima defensa se considerará el punto de vista de la persona que ejerce este derecho, y las situaciones y circunstancias.

El famoso criterio de la proporcionalidad abstracta para evaluar el derecho del ciudadano y de la sociedad a ejercer la legítima defensa, finalmente, terminó anulando la posibilidad de ejercer este derecho vital que, incluso, puede explicar el surgimiento de la democracia. Por ejemplo, todas las teorías contractualistas señalan que el Estado moderno surgió porque los ciudadanos entregaban parte de sus derechos a un soberano con el objeto de preservar sus bienes jurídicos. Es decir, el derecho a defenderse es un derecho natural de cualquier ser humano.

Sin embargo, en el mundo progresista el criterio de proporcionalidad sometía la legítima defensa a la evaluación de jueces ideologizados que tenían un pensamiento políticamente correcto sobre las situaciones y circunstancias de las víctimas. El resultado: ejercer la legítima defensa implicaba el riesgo de padecer cárcel, mientras los delincuentes eran liberados.

Y quizá lo más grave de todo era que este principio abstracto de la proporcionalidad –al margen de las circunstancias y del punto de vista de quien ejerce el derecho– se extendió como una sombra en contra de la acción de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú (PNP), la última línea de defensa de la Constitución y la ley. 

Luego del golpe de Pedro Castillo en el Perú se desató una insurrección violenta con el objeto de instalar una asamblea constituyente. En ese objetivo, las vanguardias comunistas y radicales emboscaban a los policías y militares con violencia letal. Algunos miembros de las fuerzas de seguridad se defendieron y otros simplemente se dejaron eliminar.

A pesar de estos hechos, cerca de 300 militares y policías hoy están judicializados, algunos de ellos incluso con prisiones preventivas, porque el criterio de proporcionalidad lo determinaban jueces ideologizados y oenegés de la izquierda comunista.

Todo eso también se acaba con la nueva normatividad, clave para avanzar contra la criminal.