Consolidación del nuevo Gobierno y el cuento de los 100 días

Las izquierdas comunistas y progresistas en el Perú pretenden establecer los primeros 100 días de la nueva administración de la presidente Keiko Fujimori como el plazo inapelable para aprobar y desaprobar a la nueva administración. E igualmente, se establecen comparaciones con los logros y resultados en los primeros tres meses durante las gestiones de Alan García, Ollanta Humala y Pedro Pablo Kuzcynski.

Sin embargo, a diferencia de cualquier gobierno anterior, la nueva administración ha encontrado un Estado destruido, arruinado en sus posibilidades de gestión. En el Perú la riqueza nacional –que produce el sector privado a través de las empresas mineras, agroexportadoras y otros– no se transforma en agua potable, alcantarillado, escuelas, postas médicas y carreteras por la fallida descentralización, por los gobiernos regionales y municipales, que se han convertido en espacios de saqueo y dilapidación de los impuestos que pagan los privados.

En el Perú, igualmente, la ola criminal ha avanzado en exceso porque –como en la época de Al Capone en Chicago– la corrupción ha penetrado a las instituciones del sistema de justicia y de las fuerzas de seguridad, bloqueando la posibilidad de imponer la ley y el orden en la sociedad.

No obstante, a pesar de todas estas adversidades, la nueva administración ha avanzado significativamente en la preparación de una respuesta viable ante la emergencia y devastación que causará el fenómeno de El Niño. Y por otro lado, la creación del Comando Unificado –una unidad diferenciada de todas las demás fuerzas de seguridad– y de la Comisión Multisectorial ministerial contra el crimen organizado ya comienza a mostrar resultados en operativos en penales, control migratorio para recuperar territorios y destrucción del sistema de comunicaciones desde las cárceles para enfrentar las extorsiones, secuestros y sicariatos.

Nadie puede reorganizar un Estado en 100 días. Sin embargo, la izquierda que ha organizado toda esta tragedia nacional –desde la regionalización que saquea la riqueza nacional, pasando por la sobrerregulación del Estado, hasta la destrucción de las jerarquías en la policía nacional (PNP) y la persecución de soldados y policías a través de las oenegés de Derechos Humanos– pretende que en tres meses todo se haya solucionado. No hay buena voluntad a favor de los peruanos, hay la mala fe de una estrategia de poder que pretende el fracaso del Gobierno para un supuesto adelanto electoral.

El problema en el Gobierno es de otro tipo. En el Gabinete Galarreta se ha olvidado la naturaleza del triunfo de la presidente Keiko Fujimori en las últimas elecciones. ¿De qué hablamos? Nunca debemos olvidar que Fuerza Popular ganó estas elecciones derrotando todas las narrativas y relatos construidos por las izquierdas comunistas y progresistas en las últimas décadas. De manera que es imposible sobrevivir si se administra la crisis y se juega con los escenarios de la izquierda. A veces es lo que empieza a suceder. Por ejemplo, en un sector del MEF se acaba de emitir un supuesto informe técnico que, en la práctica, aprueba todas las iniciativas de la izquierda para derogar el régimen promocional agrario, mientras se renuncia a la reducción del gasto del Estado y las reformas económicas se convierten en buenos deseos. Un grave error que apunta a crear un conflicto social.

Por otro lado, en el gobierno de la presidente Fujimori se considera que se puede gobernar sin organizar el relato y las narrativas. Un gravísimo error. Recordemos que el segundo gobierno de Alan García fue uno de los mejores de la historia republicana; sin embargo, una narrativa feroz alentada por el nacionalismo desterró cualquier posibilidad política del gran líder aprista.

La lección es clarísima: no basta gobernar bien –como lo está haciendo la administración Fujimori que ha restablecido el pleno Estado de derecho y la sensación nacional de que hay gobierno y autoridad– sino que se debe contar la historia, desarrollar la narrativa. El hombre no solo se alimenta de pan y de hechos, sino también de relatos e historias.

Cuando el Gobierno entienda que debe organizar el relato, entonces tendrá que definir una estrategia de comunicación en la sociedad y dejar de empoderar al ecosistema mediático que respaldó y fortaleció, en las últimas décadas, las persecuciones políticas de la izquierda.