Sin orden no hay derechos, ni libertad sin seguridad

La democracia necesita un Estado capaz de proteger a sus ciudadanos, recuperar el control territorial y combatir el crimen organizado. La seguridad no es un asunto secundario de la democracia, sino una condición fundamental para el ejercicio efectivo de los derechos y las libertades. La ley pierde eficacia cuando el Estado carece de la capacidad necesaria para hacerla cumplir y proteger a los ciudadanos frente a quienes pretenden someterlos mediante la violencia.

En los territorios dominados por organizaciones criminales, el libre tránsito queda sujeto a las reglas impuestas por las bandas, la prensa es amenazada y los comerciantes deben pagar extorsiones para mantener sus negocios. Tampoco existe una democracia plena cuando los ciudadanos votan bajo amenazas y los grupos criminales pretenden decidir quién puede ejercer la representación política.

Frente a esta realidad, recuperar la capacidad del Estado para proteger a la población es una obligación ineludible. Las reformas judiciales, los programas sociales y las políticas de desarrollo son indispensables, pero difícilmente prosperarán donde imperan el miedo y la intimidación. El orden democrático no es el silencio impuesto por la fuerza, sino la tranquilidad que nace de la vigencia efectiva de la ley.

Esta responsabilidad exige firmeza, pero también límites constitucionales. Las organizaciones criminales transnacionales que operan en el país, desde la Amazonía y las zonas de frontera hasta la costa norte, Lima Metropolitana y el Callao, disponen de recursos financieros, armamento, redes de corrupción y capacidad para infiltrarse en las instituciones. El Estado necesita inteligencia, coordinación policial, cooperación internacional y herramientas eficaces para desmantelar estas estructuras, perseguir sus fuentes de financiamiento y recuperar la seguridad de las comunidades afectadas.

La fortaleza democrática consiste en derrotar a los enemigos de la sociedad sin reproducir sus métodos. La autoridad debe ser firme, pero legítima; la justicia, eficaz e independiente. Su éxito no se mide únicamente por el número de detenciones, sino por la reducción de la violencia, el desmantelamiento de las redes criminales y la protección efectiva de las víctimas.

En este contexto, el Escudo de las Américas representa una oportunidad para fortalecer la cooperación regional contra las redes criminales transnacionales. Compartir inteligencia, coordinar operaciones, perseguir el lavado de dinero y combatir la corrupción puede contribuir a enfrentar amenazas que ningún país está en condiciones de resolver aisladamente.

Sin embargo, esta iniciativa también exige superar prejuicios ideológicos que dificultan la cooperación hemisférica. Algunos sectores de la izquierda vinculados al Grupo de Puebla, incluido el Perú, continúan aferrados a esquemas de pensamiento propios de la Guerra Fría, reproduciendo un discurso antiestadounidense que interpreta cualquier iniciativa de cooperación con Washington como una amenaza a la soberanía nacional. Esa visión, anclada en las disputas ideológicas de los años sesenta, merece una revisión crítica frente a los desafíos actuales del crimen organizado transnacional.

La cooperación internacional no implica renunciar a la soberanía ni aceptar de manera acrítica las decisiones de otra potencia. Implica reconocer que las amenazas compartidas requieren respuestas coordinadas, pragmáticas y sujetas al derecho. La independencia nacional y la defensa de los intereses propios no son incompatibles con la colaboración entre Estados democráticos.

La eficacia del Escudo de las Américas dependerá, en última instancia, de resultados verificables: menos homicidios y extorsiones, instituciones judiciales más sólidas y comunidades protegidas. La soberanía no debe servir de excusa para la impunidad, ni la seguridad puede justificar la destrucción de las libertades. La alternativa no es escoger entre fuerza e instituciones, sino construir instituciones capaces de proteger a los ciudadanos y controlar el ejercicio del poder.

América Latina necesita superar una falsa disyuntiva: tolerar el avance criminal en nombre de una libertad puramente formal o aceptar un poder sin límites en nombre del orden. La democracia se defiende con la fuerza de la razón, la firmeza de la ley y la autoridad legítima. Ni impunidad ni arbitrariedad; ni abandono estatal ni poder sin controles.

El verdadero escudo de las naciones libres es un Estado capaz de garantizar la seguridad. Con una justicia independiente y una ciudadanía cuyos derechos no dependan de la voluntad de los criminales ni de la conveniencia de los gobernantes.