Menos refundación, mejor gestión

Hay países cuyos problemas nacen de sus gobiernos. En el Perú, demasiadas veces los gobiernos terminan siendo víctimas del mismo problema: un Estado que hace difícil gobernar incluso a quien llega dispuesto a hacerlo.

Cada proceso electoral revive las mismas promesas: una nueva Constitución, reformas profundas, lucha contra la corrupción, crecimiento económico o justicia social. Todas pueden ser aspiraciones legítimas. Pero el Perú lleva décadas intentando encontrar una partida de nacimiento en cada quinquenio, olvidando que antes de modificar las reglas del juego existe una obligación más inmediata: conseguir que las instituciones cumplan la función para la que fueron creadas.

Ese parece ser, al menos en el discurso, el rasgo distintivo del nuevo gobierno. Su apuesta no consiste en refundar el Estado, sino en intentar que funcione. La diferencia puede parecer sutil, pero no lo es. Un Estado no mejora porque cambie el texto de sus leyes, sino porque es capaz de traducir sus decisiones en resultados concretos para su pueblo.

El desafío, sin embargo, es enorme. El aparato público peruano arrastra desde hace décadas problemas críticos de gestión, una burocracia ineficiente, duplicidad de funciones, altos niveles de inversión pública desaprovechada y una preocupante incapacidad para ejecutar políticas con continuidad. Basta con revisar la ejecución presupuestaria de los gobiernos regionales y provinciales del País. Ningún presidente resolverá estas deficiencias únicamente con voluntad política o con buenos discursos. Un Estado no cambia porque un mandatario trabaje veinte horas diarias. Cambia cuando la administración pública se sostiene sobre la meritocracia y la carrera civil, evitando que el aparato estatal sea un botín político, y cuando miles de funcionarios empiezan a tomar mejores decisiones todos los días.

Por eso sería un error medir al nuevo gobierno exclusivamente por la intensidad de su discurso o por la mayor o menor simpatía que despierte su proyecto político. Si el Ejecutivo ha decidido colocar la gestión en el centro de su propuesta, corresponde juzgarlo precisamente por aquello que ha ofrecido: su capacidad para hacer que el Estado responda mejor a los ciudadanos.

La verdadera prueba no estará en los anuncios de Palacio ni en las confrontaciones con la oposición, sino en la veeduría ciudadana constante y en la exigencia de indicadores de desempeño claros. El éxito de esta gestión se medirá en la experiencia cotidiana de millones de peruanos —tanto en Lima como en cada una de las Provincias del interior—: en el paciente que consigue una cita médica sin esperar meses; en el agricultor que recibe oportunamente el apoyo técnico prometido; en el emprendedor que obtiene una licencia sin atravesar un laberinto burocrático; en la familia que encuentra una justicia más rápida y una policía más eficaz.

La confianza en el Estado nunca ha nacido de los discursos. Nace cuando las instituciones empiezan a resolver los problemas de las personas con la misma normalidad con la que hoy, demasiadas veces, los complican.

Si el nuevo gobierno logra avanzar en esa dirección, habrá iniciado una transformación institucional profunda sin necesidad de recurrir, por ahora, a reformas constitucionales. Porque las democracias no se fortalecen únicamente cambiando sus normas. Se fortalecen, sobre todo, cuando los ciudadanos descubren que el Estado finalmente cumple aquello para lo que existe.