¡Guerra total contra el crimen organizado!

El Ejecutivo acaba de crear la Comisión Multisectorial de Alto Nivel para Recuperar la Seguridad y el Orden Público “Perú en Orden”, como una entidad permanente para enfrentar a la criminalidad organizada. La señalada comisión está integrada por el presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta; el ministro del interior, César Astudillo; el titular de Justicia, Ernesto Álvarez Miranda; el de Defensa, Rafael Belaunde y el titular de Relaciones Exteriores, Carlos Espá.

Entre los principales objetivos de la Comisión Multisectorial están proponer iniciativas para normar y regular las políticas, articular el trabajo del Comando Unificado Nacional y de la Policía Nacional (PNP), racionalizar y organizar los presupuestos y convocar y movilizar al sector privado. Luego de una conferencia de los integrantes de la señalada comisión en el Cuartel General del Ejército, la propia presidente Keiko Fujimori dirigió un operativo para desmantelar 33 antenas clandestinas y 180 equipos de comunicaciones instalados en los exteriores de cuatro penales.

En otras palabras, se anunciaba la creación de la indicada comisión y se desmantelaba el sistema de comunicaciones de los capos y jefes de los penales que dirigen el sistema criminal de extorsiones, sicariato y secuestros en los cuatro mencionados penales, claves para quebrar el sistema criminal en estos delitos. Vale anotar que para llevar adelante este operativo se necesitó de la convergencia de todas las instituciones del Estado: Ejecutivo, Ministerio de Transportes, PNP, Inpe, Ministerio Público, Poder Judicial y otros. Es decir,  contando con las respectivas autorizaciones judiciales y preservando los procedimientos y la legalidad se allanaron casas y se detuvo a sospechosos.

Todos estos hechos sucedían días después de que el Congreso aprobara una ley de delegación de facultades en 27 materias que, en el caso de la lucha contra la criminalidad, resultan absolutamente insuficientes por la mezquindad y el obstruccionismo de las izquierdas en la cámara de Diputados. ¿Qué revela esta situación? Que en el Ejecutivo se ha entendido que ya terminaron las horas de las conversaciones y ha llegado la hora de pasar a la acción política.

El ministro de Justicia, Ernesto Álvarez, en diálogo con El Montonero, así lo dejó en claro, señalando que el viaje de la presidente Fujimori a El Salvador para entrevistarse con el presidente Bukele tiene como objeto analizar la experiencia de ese país en la lucha contra el crimen organizado. Sobre todo con respecto a la primera etapa, cuando el gobierno de Bukele no contaba con mayoría parlamentaria y pulverizó el espinazo del crimen organizado que había llegado a controlar el país centroamericano.

Las cosas, pues, están claras. El Ejecutivo ha pasado a la ofensiva total en contra del crimen organizado, con una decisión y potencia que incluso puede superar las experiencias de Colombia y Ecuador. El compromiso y la colaboración del mando militar en esta ofensiva es la mayor expresión de esa posibilidad.

La presidente Fujimori, pues, parece decidida a demostrar que el Perú es un país presidencialista y que puede desarrollar una estrategia exitosa contra el crimen organizado transnacional a pesar del intento de obstrucción y bloqueo de la cámara de Diputados, controlado por la izquierda extremista.

Los anuncios de la colaboración de los Estados Unidos a través de la asesoría de decenas de agentes del FBI y la cooperación con tecnología de punta mundial apuntan claramente a ese objetivo.

Sin embargo, no se debe ignorar que la izquierda intentará mover el cielo y la tierra para detener la ofensiva gubernamental contra el crimen organizado, porque en el cálculo de la siniestra mezquina el fracaso del gobierno posibilita una nueva crisis de gobernabilidad y el adelanto electoral. Y en medio del caos, es posible tentar la soñada asamblea constituyente.

En los próximos días, con la recuperación del poder de fuego de las fuerzas de seguridad, será inevitable que las víctimas fatales en la lucha contra el crimen se incrementen, sobre todo por el lado de los delincuentes y pistoleros. En este contexto, no sería nada extraño que la izquierda antinacional agite el falso estribillo de los Derechos Humanos para intentar debilitar el avance del Estado y las fuerzas de seguridad, tal como sucedió en la primera etapa de la estrategia de Bukele.

El Perú, pues, debe ponerse de pie para respaldar a las fuerzas de seguridad y desenmascarar la vileza de las izquierdas extremistas.