¡Nuevas cárceles para contener la ola criminal ya!

La próxima visita de Keiko Fujimori a El Salvador debe producir mucho más que una fotografía junto a Nayib Bukele. La presidenta recorrerá el CECOT el 29 de octubre, recibirá una exposición sobre el sistema penitenciario salvadoreño y posteriormente se reunirá con Bukele. La agenda oficial busca estudiar sus modelos de gestión e infraestructura y evaluar qué componentes pueden adaptarse a la realidad peruana. Esa debe ser la prioridad: aprender, adaptar y ejecutar.

El CECOT representa un principio elemental que el Perú olvidó: el delincuente encarcelado no puede conservar el control de la calle. El complejo salvadoreño fue construido fuera de los centros urbanos y cuenta con controles de acceso, escáneres corporales, vigilancia permanente, talleres y un fuerte anillo de seguridad exterior. Su enseñanza principal no consiste en levantar enormes pabellones, sino en impedir que cabecillas y sicarios mantengan teléfonos, privilegios, redes de corrupción o capacidad para ordenar extorsiones desde sus celdas.

La experiencia ya influye en otros países. Costa Rica inauguró este 14 de octubre el Centro de Alta Contención contra el Crimen Organizado, construido con planos y asistencia técnica salvadoreña. El establecimiento costó alrededor de USD 35 millones, ocupa unos 90,000 m² y podrá recibir a 5,100 internos de alta peligrosidad, distribuidos en cinco módulos. Tendrá controles biométricos, reconocimiento facial, sensores inteligentes y severas restricciones de comunicación. No se trata simplemente de tener más espacio: se trata de recuperar el mando penitenciario.

Colombia también avanza en esta dirección con el establecimiento de Sabanas de San Ángel, en Magdalena. La infraestructura dispondrá de 1,974 plazas y registraba oficialmente un avance de 81.7% en febrero; su programación gubernamental contempla concluirla durante 2026. El proyecto comenzó años atrás y no nació como una réplica del CECOT, pero su actual orientación hacia el aislamiento de delincuentes de alta peligrosidad refleja el giro regional: las cárceles deben neutralizar organizaciones criminales, no convertirse en sus centros de operaciones.

El Perú no puede seguir postergando esa reforma. En julio de 2026, los 69 establecimientos penitenciarios tenían capacidad para 41,764 personas, pero albergaban aproximadamente 106,856. Eso significa 65,092 internos sin plaza y una sobrepoblación equivalente al 156% de la capacidad disponible. El hacinamiento no solo degrada las condiciones de reclusión: destruye la clasificación penitenciaria, facilita la corrupción y permite que delincuentes primerizos convivan con jefes criminales.

El caso de El Milagro resume el desastre. El penal de Trujillo fue diseñado para 1,500 internos, pero alberga a más de 6,000. Fujimori ha anunciado la construcción rápida de tres o cuatro pabellones, requisas constantes, nuevos equipos de control y talleres productivos. La decisión es correcta, pero ampliar espacios sin reformar la seguridad solamente produciría cárceles más grandes bajo las mismas mafias.

El Gobierno ya cuenta con una base. La Estrategia de Emergencia Penitenciaria contempla 36,430 nuevas unidades de albergue, escáneres corporales, equipos de rayos X, inhibidores de señales y una inversión aproximada de S/ 4,380 millones. Además, el Plan de Deshacinamiento 2026-2028 ordena articular al INPE, la Defensa Pública y el Ministerio de Justicia bajo mecanismos permanentes de seguimiento. Lo que falta es acelerar la ejecución, asegurar el financiamiento y publicar cronogramas verificables.

Keiko Fujimori debe regresar con acuerdos concretos: asistencia técnica salvadoreña, formación de personal, protocolos anticorrupción, inteligencia penitenciaria y tecnología para bloquear toda comunicación ilegal. El Perú necesita establecimientos diferenciados: máxima contención para cabecillas, sicarios y extorsionadores, régimen ordinario para internos comunes; y trabajo, educación y verdadera reinserción para quienes puedan recuperarse. Concentrar indiscriminadamente a todos sería repetir el fracaso actual.

Copiar al milímetro el modelo salvadoreño sería un error; ignorar sus resultados sería una irresponsabilidad. Costa Rica tomó sus planos y los ajustó a su legislación. Colombia fortalece la infraestructura destinada a internos peligrosos. El Perú debe hacer lo propio, respetando la Constitución, pero ejerciendo plenamente la autoridad.

Un país desarrollado protege primero al ciudadano honrado. Las cárceles deben dejar de ser call centers de la extorsión y volver a ser lugares de castigo, control y rehabilitación. La visita a El Salvador tendrá sentido si inicia esa transformación. El criminal debe perder su libertad y también su poder.