Europa: la generación que heredará las deudas sale a las calles 

Las protestas en Francia empezaron con estudiantes reclamando mejoras en el sistema educativo, que se extendieron al costo de vida. Bélgica reaccionó por contagio. En España los jóvenes salieron a las calles reclamando el precio de los alquileres y escasez de vivienda; en Italia y Portugal, salarios, precios y pensiones. Distintos detonantes y un mismo malestar: una generación que no entiende cómo financiar su futuro.

La economía explica el problema de fondo. La eurozona crece 1.1 %, la inflación supera el 3.8%, con incrementos en la energía del 19%. El Banco Central Europeo subió dos veces las tasas de referencia en 2026, hasta un 2.50%. Pero frenar la inflación encarece el servicio de una deuda descontrolada: Francia debe 118% de su PIB, Bélgica 109%, Italia 138% y España 100%. Los intereses absorben un 4% del gasto público en Francia, Bélgica y España, y 7% en Italia. A eso se suman déficits superiores al 5% del PIB en Francia y Bélgica. Cada indicador acumula más deuda en una zona euro que no crece, pero sigue gastando.

La energía agrava la situación. A la guerra en Ucrania se sumó la crisis de Ormuz, con el petróleo por encima de US$ 100 el barril y escasez de gas natural licuado de Catar. Europa depende de importaciones para un sistema que, a escala mundial, depende de combustibles fósiles, petróleo, gas y carbón para el 86% de la generación de energía. Pensar en transición energética en medio de una crisis de abastecimiento es un objetivo imposible de alcanzar. Bruselas retrasó hasta 2028 el mercado de carbono para transporte y calefacción por temor al impacto en los hogares.

Con elecciones cercanas, los políticos juegan con incentivos irreales en ambos extremos del espectro. Prometen al electorado beneficios imposibles de cumplir sin generar más deuda. Gastar más con los mismos recursos. Rebajar la edad de jubilación en una sociedad que envejece, busca capturar al votante mayor que es el más numeroso y fiel; mientras los jóvenes reciben promesas y pocas políticas que mejoren su realidad. Los pactos implícitos serán financiados con deudas que pagarán, precisamente, quienes hoy protestan.

La vivienda ilustra el dilema. España ha prorrogado alquileres, prohibido desahucios de hogares vulnerables hasta 2030 y limitado las compras por fondos de inversión. Medidas con una lógica social, pero que no resuelven el problema de fondo: la falta de vivienda. Ante un Estado sin presupuesto, la única alternativa es recurrir a un sector privado que necesita reglas estables, no populismo, para garantizar sus inversiones. El bienestar es responsabilidad pública; pero sin inversiones sostenibles, las promesas gubernamentales se convierten en demagogia.

Sobre ese terreno se construyen explicaciones simplistas. La derecha atribuye gran peso de las protestas a la inmigración y grupos que rechazan la integración, debate que es real.  Pero el origen de estas movilizaciones nace de demandas como educación, vivienda y costo de vida. 

Las protestas son aprovechadas para crear inestabilidad. Es un hecho documentado que Rusia amplifica estas coyunturas en medios y redes sociales para desequilibrar a Europa. Existen grupos radicales que se suman a las marchas para promover el vandalismo. Las redes sociales multiplican imágenes grotescas sobre saqueos, destrucción de propiedad privada y edificios públicos, haciendo que estos incidentes visibles definan una protesta que en Francia convocó entre 500,000 y 800,000 jóvenes en su mayoría pacíficos.

La salida no es simple o inmediata. Europa necesita crecer. Para ello requiere inversión, innovación y menor fricción regulatoria y fiscal, sin renunciar a sostener a quienes menos tienen. Ese equilibrio exige sincerar presupuestos, definiendo qué es posible pagar y qué no. Seguir cubriendo las brechas con más deuda cierra el círculo: los jóvenes que hoy protestan pagarán la factura por promesas imposibles de cumplir.