Superar la implosión del Gobierno que destruye el Perú

Unos meses atrás, sobre todo luego de las dos vacancias frustradas, era usual sostener que el Perú enfrentaba un empate que paralizaba a la sociedad: por un lado, el Ejecutivo no podía implementar su propuesta de asamblea constituyente y de nacionalizar recursos naturales; y por el otro, la oposición no podía vacar al Presidente, que acumulaba todas las razones habidas y por haber para la incapacidad moral permanente.

Sin embargo, luego del brutal frenazo económico que ha paralizado tres décadas de crecimiento y reducción de pobreza, y después de las denuncias de corrupción en contra de Pedro Castillo y su Gobierno, ya no es posible hablar de un empate. Hoy se debe hablar de un Ejecutivo que se desploma, que se desmorona, con ex ministros y colabores que se fugan de las investigaciones de la justicia. En ese sentido, siempre fue acertado sostener que la propuesta de la constituyente, antes de llevarnos al régimen bolivariano no estaba empujando a la anarquía. Las cosas son tan evidentes que hasta Perú Libre se divide y comienza tomar distancias de Castillo.

Sin embargo, de continuar la implosión del Gobierno la destrucción del país puede ir más allá de la anarquía; a lo mejor podría estar cerca, incluso, de la fractura del territorio nacional. Por todas estas consideraciones es hora de entender que no es posible calcular con respecto al actual Gobierno, porque no hay cálculo posible en el derrumbe general.

En ese sentido, lo volvemos a reiterar: el Congreso debe asumir su responsabilidad para salvar al Perú de la destrucción generalizada, a través de la más amplia convergencia nacional dentro y fuera del recinto legislativo. El mejor momento para hacerlo es en julio, con el cambio de la mesa directiva. Las bancadas deberían entender que no solo están eligiendo a un presidente y un vicepresidente del Legislativo, sino a los líderes de la transición en el Ejecutivo y en el Legislativo.

De allí la enorme importancia de entender que en la próxima conformación de la mesa directiva no están en juego las cuotas de las bancadas, sino el futuro del sistema republicano y las libertades. En otras palabras, la salvación del país del actual desastre del colectivismo y el progresismo.

Pero la búsqueda de una mesa directiva para desarrollar la transición del desastre nacional debe definir antes la sucesión en el Ejecutivo. Es imposible que se vaque o se inhabilite al presidente Castillo para ceder el poder a la Vicepresidente Dina Boluarte, sobre todo luego de las denuncias que acumula y después de sus declaraciones en el Foro de Davos, en el que agitó contra la minería moderna y la Constitución del país. En ese evento dejó en claro que ella es una militante del Foro de Sao Paulo. Imposible. En cualquier caso, el relevo de Castillo no tendría sentido alguno.

Al lado de las convergencias para designar una mesa directiva del Congreso, igualmente, se debería discutir un gabinete de unidad nacional –que incluya absolutamente a todas las corrientes políticas del país– encargado de desarrollar la transición y convocar a elecciones generales. Asimismo, las nuevas elecciones nacionales deberían convocarse materializando algunas reformas constitucionales claves: la formación de un Senado y la posibilidad de la reelección parlamentaria indefinida. En este contexto, se podría estudiar la posibilidad de que el actual Congreso se convierta en cámara de diputados o cámara baja, y culmine su periodo constitucional.

En cualquier caso, es hora de recordar dos cosas: que si pretendemos salvar la constitucionalidad la salida pasa por el Congreso y que la política es la única herramienta que nos puede llevar a buen puerto, si es que recordamos que la política es acuerdo, pacto –en vez de guerra–, y que ella convierte lo imposible en lo posible.