¡Sin ley sin orden! ¡14 muertos a balazos!

La decisión del Gobierno de Pedro Castillo de renunciar a aplicar la Constitución y la ley en las zonas mineras –a través de la presidencia del Consejo de Ministros de Guido Bellido y de Mirtha Vásquez– ha derrumbado la autoridad democrática del Estado en casi todos los niveles de la sociedad. Unas horas atrás todos conocimos del enfrentamiento a balazos entre mineros ilegales en Atico, en Arequipa. El combate de ejércitos o grupos privados propios ha dejado 14 peruanos muertos, como una película de terror.

Vamos a decirlo con claridad: si estas cosas suceden es porque el Gobierno de Pedro Castillo, de Perú Libre y el Movadef, adrede, se propuso empoderar a las minorías radicales para que se lanzaran en contra de los campamentos de la minería moderna, evocando la toma de tierras de los años sesenta, antes de las expropiaciones velasquistas de los latifundios de la costa.

Los recientes ataques a la mina Los Chancas, al proyecto Azuca y el permanente asedio de MMG-Las Bambas –que acumula más de 470 días de paralizaciones por violencia– son los antecedentes inmediatos de la tragedia que ha causado 14 muertes. En la ofensiva contra la minería moderna –sobre todo en el corredor minero del sur y en Apurímac– el Gobierno alentó a las minorías radicales respaldando absurdas demandas en contra de la Constitución, las leyes y los contratos. Igualmente se retiró a la Policía Nacional de Perú (PNP) de sus labores en defensa de la vida, el cuerpo, la salud y las propiedades públicas y privadas. Y, finalmente, las entidades del sistema de justicia se inhibieron de investigar y procesar a los violentistas que se imponían sobre la Constitución y la ley.

En este contexto, poco a poco, en algunas zonas mineras se han creado zonas liberadas de la autoridad estatal, liberadas de la Constitución y la ley. Si las cosas son así, si los mineros ilegales también asaltaban campamentos mineros formales, ¿por qué ellos habrían de respetar la legalidad en cualquier disputa?  No es de extrañar entonces que surjan pequeños ejércitos informales que dispararon a diestra y siniestra dejando lamentables muertes.

Asimismo, cuando el Ejecutivo anuncia que se detiene la erradicación de los cultivos de hoja de coca y que se comprará la mayoría de la producción de este insumo con que se fabrica la cocaína, y sobre la cual reposa todo el armazón de la economía ilícita, ¿acaso, igualmente, no está promoviendo la creación de zonas liberadas de la autoridad estatal en los más de 11 valles cocaleros? 

Como todos sabemos el negocio de la droga está vinculado a una alta dosis de violencia. Y en el caso del narcotráfico, la aparición de ejércitos particulares que suplantan a la autoridad estatal es una de las condiciones del éxito del negocio ilegal. En los valles cocaleros –como ahora en algunas zonas mineras– no suele existir Estado, Gobierno, PNP ni entidades del sistema de justicia. La acción de violencia y terror de los grupos privados en armas impone un orden del delito que reemplaza al Estado.

La matanza entre grupos armados de mineros ilegales entonces es la consecuencia natural de una estrategia que pretende empoderar a las minorías radicales y estatizar a las empresas del cobre, tal como lo acaba de plantear Perú Libre en el Congreso. 

Todos los sectores sociales que plantean una supuesta disputa de propiedad en la minería están notificados:  hoy no hay Estado, no hay autoridad, solo vale el uso de la fuerza.