¡El Estado de derecho y la protección de nuestros soldados y policías!

La centro derecha en el Perú cree que puede desentenderse de la gran batalla ideológica que se avecina alrededor del urgente tema sobre la protección legal de los miembros de las fuerzas armadas y la policía nacional del Perú (PNP) que, en las últimas décadas, han sido judicializados de por vida (cadenas perpetuas en la práctica). De ninguna manera. El silencio de los líderes políticos, los gremios empresariales y diversos sectores de la sociedad con respecto a la ley que, siguiendo el mandato de la Constitución, establece que los delitos de función de los miembros de las fuerzas de seguridad deben juzgarse en los tribunales militares y policiales es una clara revelación del intento desentenderse del problema.

Imposible de aceptar esa posición. Quizá para confrontar la posición de las izquierdas sobre el tema debemos señalar que el único sistema que ha defendido la vigencia de los Derechos Humanos es el Estado de derecho. No hay otro. ¿O sí? Y el Estado de derecho no existe sin principio de autoridad. Y no hay principio de autoridad si las Fuerzas Armadas y la policía nacional (PNP) no defienden la Constitución y la ley frente a las amenazas internas y externas.

En el Perú en las últimas décadas se ha castigado a las fuerzas de seguridad precisamente por haber ejercido esa función. Los soldados y policías que derrotaron al terrorismo comunista en los ochenta en las últimas cuatro décadas han sido perseguidos y judicializados de por vida. Todos ellos, ya ancianos, mueren gravemente enfermos o esperan sus últimos días con la guillotina de la persecución judicial. ¿Alguien pretende luchar contra la ola criminal en estas condiciones? Imposible.

Recientemente más de 300 soldados y policías han sido judicializados, algunos incluso están con prisión preventiva por haber detenido la insurrección –luego del golpe fallido de Pedro Castillo– que pretendía instalar una asamblea constituyente. En ese entonces las vanguardias radicales pretendieron incendiar los aeropuertos del sur mientras bloqueaban las carreteras nacionales con el objeto de desabastecer las ciudades y quebrar el PBI nacional. El objetivo: producir una desmoralización nacional a tal extremo que la sociedad imaginara que “la asamblea constituyente era una salida de paz”.

Hubo la lamentable muerte de 60 peruanos. ¿Quiénes son los responsables de esa tragedia? En cualquier sociedad con mediana salud política los dirigentes y organizadores de esa insurrección ya habrían sido identificados. En el Perú todo se focaliza en la supuesta responsabilidad de las fuerzas de seguridad y se desatan las persecuciones judiciales.

Semejantes abusos contra nuestros soldados y policías se explican porque las izquierdas comunistas y progresistas lograron imponer la narrativa acerca de que el cumplimiento del artículo 173 de la Constitución –que establece que los delitos de función de militares y policías deben juzgarse en el fuero militar– es una fuente permanente de impunidad.

Vale aclarar que un delito función no tiene nada que ver con un delito común. Si un policía asalta un banco actúa como un simple delincuente y debe ser procesado en el fuero común. Si existen discrepancias en las competencias de los fueros el asunto se dirime en la Corte Suprema.

El Estado del derecho en el Perú se ha deslizado en una peligrosa tendencia a la anarquía y el principio de autoridad ha sido pulverizado, posibilitando el desborde de una ola criminal nunca vista y el control de bolsones enteros de la sociedad por el crimen organizado (sobre todo, minería ilegal). Una de las razones de esta situación evidentemente fue el fracaso de la política que explica los ochos jefes de Estado en un periodo en que solo debió haber dos, una situación que desató una anarquía política e institucional generalizada.

Sin embargo, el otro factor incuestionable fue la destrucción institucional y moral de las fuerzas de seguridad, sobre todo la PNP. Y una de las razones principales fue la interminable persecución judicial de nuestros soldados y policías que materializó una venganza comunista que no se había visto en el continente.

Por todas estas razones el cumplimiento del mandato constitucional acerca de que los delitos de función de militares y policías deben ser juzgados en el fuero especial debe restablecerse.