La política regresa con Keiko y el sistema bicameral

En el Gobierno de Keiko Fujimori, al parecer, no habrá nada parecido a un intento de baipasear alguna regla del Estado de derecho, del marco constitucional vigente, tal como creen algunos fundamentalistas de la religión antifujimorista. Escuchar a algunos representantes de este credo fanático incluso es conmovedor porque no saben cómo justificar casi vidas enteras al servicio del odio. Un Gobierno del fujimorismo con pleno respeto al Estado de derecho los debe arrojar al abismo de la autocrítica, al reconocimiento acerca de que representaron el error, a las fuerzas del “mal” en las últimas décadas.

Es más, creemos que el fujimorismo respetará de tal manera el Estado de derecho que, entre las fuerzas de la centro derecha, emergerá la clásica división entre “las palomas y los halcones”. Sin embargo, al margen de cualquier especulación, lo cierto es que la nueva administración está obligada a recuperar el principio de autoridad para enfrentar la tendencia institucional y política a la anarquía. Es la única manera de controlar el desborde de la ola criminal, de enfrentar a las economías ilegales y recuperar bolsones de la sociedad que están bajo el control del crimen organizado.

No obstante, la instalación de un Gobierno con plena legitimidad, nacido del sufragio y con vocación de gobernar todo el periodo constitucional y, sobre todo, de transformar el país, en el acto, cambia los términos del debate de la política.

De pronto todos los analistas y observadores comienzan a hablar sobre cómo se organiza un Gabinete que posibilite desarrollar coaliciones de mayoría en las cámaras para apuntalar la gobernabilidad. Es decir, cómo se incorporan ministros al nuevo Consejo de Ministros que le posibiliten al oficialismo gobernar con coaliciones en diputados y senadores. Se habla de ministros técnicos, de un presidente del Consejo de Ministros focalizado exclusivamente en organizar la gobernabilidad, en coordinar con las bancadas las reformas, las leyes de urgencia y las demás transformaciones.

Súbitamente, los peruanos acostumbrados a escuchar en la última década palabras como vacancia, disolución, “mochasueldos”, “pacto mafioso”, golpe fallido y la próxima propuesta de la asamblea constituyente, creen encontrarse en otro país cuando de repente la política comienza a recuperar los fueros de los que nunca debió alejarse.

Veremos si en los próximos meses surge algo parecido a una oposición leal al Estado de derecho –a semejanza de la oposición leal británica–, en que una fuerza política se propone fiscalizar al oficialismo dentro de los marcos de la constitucionalidad. En las democracias consolidadas incluso las oposiciones crean gabinetes en la sombra a través de los cuales los opositores fiscalizan cada uno de los ministerios y permanecen desarrollando propuestas a lo largo del periodo gubernamental. En el Perú la polarización ha creado políticos envenenados, convertidos en palomillas de la política que prevaleció en la última década y que, como primer acto opositor, suelen reclamar el indulto de Pedro Castillo.

Sin embargo, el futuro del Estado de derecho y también el del gobierno de Keiko Fujimori se jugará en la posibilidad de conectar el Perú formal con el Perú informal, en la posibilidad de que el Estado vuelva materializar una alianza con los pobres y los ricos, a semejanza de las grandes reformas de los noventa; pero esta vez en plena democracia, en pleno Estado de derecho.

En esta alianza el Estado debe destrabar todo lo que inmoviliza a la inversión privada, a los negocios del capital nacional e internacional, con el objeto de crear riqueza e incrementar el pago de impuestos al Estado. Con esas riquezas en las arcas fiscales el Estado debe subir a los Andes, atravesar la sierra y bajar a la selva a desarrollar la obra pública que cierre para siempre las brechas que nos divide en dos países, en dos sociedades. 

De esta manera el Estado y la política expresarán una política pluriclasista que represente a todos los peruanos, a los pobres, a las clases medias y a los ricos. Es decir, el tipo de Estado y política con que soñaron los grandes clásicos del republicanismo antes de que los marxistas y neomarxista envilecieran la política en Occidente con sus guerra de clases y la lucha entre pobres y ricos.