¿Por dónde empezar?

Cuando se logra la presidencia por un estrecho margen –como ha ocurrido con el fujimorismo– resulta un gran desafío persuadir a aquellos que no votaron por la opción ganadora. Pero cuando se analiza los motivos de la disconformidad con el sistema sucede que dichos pobladores desean mayores garantías para consolidar sus emprendimientos.

El sur no es contrario al crecimiento económico ni respalda un estado elefantiásico, simplemente desea que el Estado cumpla con su función básica, que es la de proporcionar seguridad. Un estado debe ser capaz de garantizar –como mínimo– la integridad de sus ciudadanos para ser reconocido y respetado.

La trascendencia del legado de Alberto Fujimori se basa en la derrota del terrorismo, el fortalecimiento de la seguridad y el reordenamiento de la economía. Por eso, su heredera, recibe el respaldo electoral que la puso en cuatro procesos electorales ad portas de la casa de gobierno hasta su reciente triunfo.

Una de las primeras acciones del fujimorismo liderado por Keiko será la de enfrentar el Fenómeno de El Niño (FEN) que demandará un vasto programa de asistencia social para la emergencia. Los políticos de oposición buscarán exacerbar las consecuencias de este para deslegitimar cualquier acción de gobierno. No obstante, sea cual fuere el resultado, el FEN representará un bálsamo político hasta que el fenómeno climatológico haya concluido.

A continuación, la demanda ciudadana por resultados pronto será mayor y un tema ineludible será la inseguridad ciudadana que lo más probable es que se incremente tras el FEN. En este caso, el gobierno deberá tener presente que los problemas estructurales se resuelven siempre que se cuenta con legitimidad social. En ese sentido, la experiencia del presidente Nayib Bukele de El Salvador resulta relevante. La construcción de un mega centro penitenciario emite por sí mismo un mensaje muy fuerte: “enfrentaremos la delincuencia y evitaremos la impunidad”, discurso que calza precisamente con la promesa electoral de “recuperar el orden”.

En la actualidad, existen aproximadamente 100,000 reclusos en condiciones de hacinamiento en los centros penitenciarios, donde difícilmente se logra la readaptación y resocialización de los detenidos. Una cárcel debe convertirse en una unidad productiva, donde los reos aprendan y trabajen para que financie su subsistencia y la de sus familias. El financiamiento de un establecimiento como el indicado resultará inmensamente beneficioso en términos económicos y sociales, porque la reubicación de estos liberará terrenos que en la actualidad resultan de interés para las propias las ciudades. La cárcel de Lurigancho tiene más de 3 hectáreas que podrían incorporarse a la ciudad para edificar viviendas, centro de salud, comercios, o una nueva área verde para el esparcimiento de las familias.

En el distrito de Vicco, en la región Pasco, a más de 4,000 m.s.n.m. se ubica un establecimiento penitenciario que alberga a aproximadamente 800 reclusos, un distrito donde la comunidad y el gobierno municipal están dispuestos a donar un terreno tan extenso como resulte necesario, porque la economía local –en gran medida– gira en torno a dicho penal. Un centro para albergar a un mayor número de detenidos les vendría como anillo al dedo y solo demandan del estado el cumplimiento de obras valuadas en alrededor de S/ 30 millones.