Anatomía de un mito

El concepto de “bien común” habita en el núcleo de todo discurso, plan de gobierno o promesa de desarrollo. Es una idea que aparece en todos lados y justifica cualquier acción política. Sin embargo, detrás de esta unanimidad se esconde un doble desafío: uno conceptual —cómo definirlo— y otro pragmático —cómo alcanzarlo mediante políticas públicas coherentes.

La quimera del consenso y la evidencia de la fragmentación

La retórica oficial trata el bien común como una meta armónica a la que la sociedad aspira de forma natural. No obstante, la realidad obliga a pisar tierra. En el Perú, los resultados del último proceso electoral muestran evidente fragmentación. Las urnas evidencian profundas divisiones territoriales, culturales e ideológicas: un voto pulverizado en primera vuelta y una polarización aritmética en la segunda. Este escenario demuestra empíricamente un país heterogéneo, un archipiélago de demandas encontradas.

Persistir en visiones idílicas del bien común dentro de una democracia representativa es una ingenuidad peligrosa. Las sociedades son entramados de grupos que persiguen intereses legítimamente diversos y contrapuestos. Esperar líderes providenciales o seres iluminados capaces de interpretar el beneficio de todos por igual es una fantasía incompatible con la democracia.

El conflicto regulado como verdadero eje democrático

Si la fragmentación electoral revela la imposibilidad del consenso, entonces el conflicto regulado se convierte en la verdadera base del bien común. En la práctica, este no significa ausencia de disputa, sino calidad de las reglas del juego para administrarla. Se configura cuando los diferentes sectores poseen libertad efectiva y carecen de barreras institucionales para organizarse y defender sus posturas.

Bajo esta premisa, la defensa de intereses de grupo no debe verse como una fatalidad, sino como la realidad misma que debemos enfrentar. No se trata de forzar consensos artificiales, sino de permitir que, en una sociedad heterogénea, cada quien defienda sus posiciones. Para que estos intereses gocen de auténtica legitimidad social, no basta con que se amparen bajo la legalidad formal. La legitimidad requiere coherencia ética y representatividad real; de lo contrario, la ciudadanía tiene el derecho de impugnar leyes abiertamente injustas.

Ejemplos de ello son las normas que promueven una falsa formalización: marcos regulatorios que, en lugar de incluir, precarizan; reformas laborales que fomentan informalidad con exigencias que excluyen micro, pequeña y mediana empresa. El resultado es un esquema viable solo para grandes capitales con escasa creación de puestos de trabajo, mientras se desalienta ampliar la base laboral. El orden legal, por tanto, no es un dogma inamovible, sino un marco perfectible. Mecanismos como los presupuestos participativos muestran cómo las reglas pueden canalizar intereses diversos hacia decisiones colectivas sin negar el conflicto.

Hacia una ciudadanía madura basada en el disenso

Consolidar esta visión exige transitar de una cultura política paternalista —que espera el bienestar como una concesión vertical— hacia una cultura de corresponsabilidad y disenso constructivo. El bien común no es un molde prefabricado a implantar sin más; es el proceso dinámico e institucional mediante el cual una comunidad gestiona sus diferencias sin romperse.

Reconocer que el equilibrio perfecto no existe y que el debate público sólido es la mejor herramienta para acercarnos a él significa pisar tierra en política. Debemos despedirnos de la utopía de que el bien común exige uniformidad de pensamiento. La pugna de intereses es el método democrático por excelencia. Un plan eficiente no es el que contenta a todos mágicamente, sino el que resulta de un proceso institucional transparente donde cada sector tuvo la oportunidad real de defender su postura.

El bien común no es un destino de paz absoluta, sino el derecho garantizado a participar, con las mismas armas democráticas, en la definición del futuro compartido. Avanzar hacia esa ciudadanía madura implica fortalecer instituciones inclusivas, promover educación cívica crítica y consolidar espacios de deliberación pública donde el disenso sea reconocido como motor de la democracia.