¿Crisis electoral o crisis de gobernabilidad?

Toda elección democrática produce ganadores y perdedores. No se trata solo de votar, es esencial la aceptación de reglas comunes para resolver controversias. Cuando uno de los actores políticos anuncia que no reconocerá el resultado electoral y convoca a la movilización, el debate deja de ser exclusivamente electoral para convertirse en problema de gobernabilidad.

Hay que considerar tres aspectos. La legitimidad de origen, que nace del voto ciudadano. La legitimidad de reconocimiento, expresada cuando los actores aceptan el resultado o canalizan sus impugnaciones solo por las vías institucionales. Y la legitimidad de ejercicio, dada por la capacidad efectiva del gobierno para conducir al país y resolver sus problemas.

Si el segundo aspecto fracasa, el gobierno comenzará debilitado. Porque la legalidad no es automáticamente legitimidad. La proclamación oficial puede otorgar plena validez jurídica al resultado electoral.  Pero la legitimidad política depende de la confianza que la gente tiene en las instituciones y en el proceso que condujo. Si esa confianza se erosiona, el nuevo gobierno inicia su mandato con una carga que limita su margen de acción.

Algo muy grave en el Perú de hoy que enfrenta redes de extorsión, economías ilegales, corrupción persistente y un profundo deterioro de la confianza. Esta realidad es la de un Estado penetrado por organizaciones criminales y necesita cohesión política para recuperar la iniciativa.

Un gobierno que deba dedicar sus primeros meses a responder a una crisis de legitimidad dispondrá de menos energía política para enfrentar esos desafíos. La polarización consume tiempo, recursos y liderazgo. La confrontación permanente dificulta la construcción de acuerdos indispensables para aprobar reformas, fortalecer la seguridad y recuperar la confianza.

Toda democracia dispone de mecanismos legales para revisar, impugnar o investigar eventuales irregularidades. Es fundamental que las diferencias se tramiten dentro del marco institucional. La fortaleza de una democracia está en su capacidad para resolver los conflictos sin quebrar las reglas. Por eso es muy importante un gabinete de amplia base o de nacional. No es solo un gesto de conciliación política, es una estrategia para reconstruir la legitimidad, ampliar la confianza y fortalecer al Estado en un momento especialmente crítico.

El próximo gobierno tendrá desafíos que superan ampliamente la competencia electoral. La seguridad ciudadana, la recuperación económica, el fortalecimiento institucional y la lucha contra las mafias requieren un Estado con autoridad política para actuar.

La primera tarea de un gobierno que nace de una sociedad profundamente dividida no es solamente gobernar. Su prioridad es reconstruir la legitimidad nacional para gobernar con eficacia. Nos toca apostar por la integración y unidad del país en torno a objetivos comunes. De otra manera saboteamos el rescate necesario y posible.