¡Se pretende destruir el Estado en el menor tiempo posible!

La rebaja de la calificación de Moody’s de nuestros bonos soberanos, de A3 a Baa1, fue una bomba nuclear en contra del modelo que, en las últimas tres décadas, triplicó el PBI y redujo la pobreza del 60% de la población a 20% (antes de la pandemia). Y el anunció del ministro de Economía, Pedro Francke, acerca de que la permanencia de Julio Velarde al frente del Banco Central de Reserva (BCR) se definiría entre setiembre y octubre (depende de los directores que nombraría el Ejecutivo) se comienza a transformar en la madre de todas las explosiones que destruirán el modelo económico consagrado en la Constitución Política.

Si Julio Velarde no continúa al frente del BCR, entonces, todas las demás calificadoras de riesgo le bajarán el dedo al Perú, cualquier posibilidad de nueva inversión simplemente desaparecerá, el dólar seguirá trepando a las nubes y la destrucción del modelo económico se materializará. Pero eso no es todo. El Ejecutivo pretende gastar alrededor de S/ 9,000 millones en bonos y subsidios al gas y otros productos, que aumentarán el déficit fiscal y destruirán las últimas fortalezas macroeconómicas del Estado.

Al margen del wishful thinking o de pasiones descontroladas, la única conclusión posible es que se pretende destruir cualquier avance económico y social en el menor tiempo posible. ¿Por qué? Las corrientes comunistas y colectivistas pretenden aumentar la pobreza y el descontento social para demonizar la economía de mercado y culpar directamente al régimen económico consagrado en la Constitución. 

Si esta estrategia prospera, ¿cuál sería la consecuencia natural? Ante la desesperanza de la gente se legitimaría una ola de expropiaciones, estatizaciones e intervención del Estado que, necesariamente, terminaría en la convocatoria de una asamblea constituyente para organizar “una república plurinacional y con equidad de género”. En otras palabras, la estrategia es liquidar la economía basada en la inversión privada para tomar el poder.

Sin embargo, cualquier analista bienintencionado podría sostener que esta suma de despropósitos de la administración Castillo en un mes de Gobierno se explican por las impericias, y que se debe mantener la ecuanimidad para que el Ejecutivo desarrolle los correctivos necesarios.

El wishful thinking de algunos, a nuestro entender, puede convertirse en grave amenaza a las libertades. Si a los hechos descritos le agregamos que el Ejecutivo pretende modificar la Ley de la Carrera Pública Magisterial, que basa los nombramientos y la promoción de los profesores en la meritocracia; si le sumamos que se intenta desmontar los 22 tratados de libre comercio y el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur), entonces se vuelve evidente que el Ejecutivo está desorganizado casi todas las políticas de Estado de las últimas décadas.

A nuestro entender, destruir la calificación crediticia del Perú, las fortalezas macroeconómicas del país, dudar en la ratificación de Julio Velarde al frente del BCR, eliminar la carrera docente magisterial y las políticas de comercio exterior es acabar con políticas de Estado que explican nuestra prosperidad y causar la implosión del Estado y la sociedad en el menor tiempo posible para luego culpar al modelo económico. 

Advertidos estamos.