¡Presiones en ascensos militares desatan crisis política general!

Los relevos del general de división José Alberto Vizcarra como comandante general del Ejército y del general Jorge Luis Chaparro Pinto como comandante general de la Fuerza Aérea del Perú, dejan en claro que el Ejecutivo pretendía intervenir o alterar el cuadro de méritos de ascenso de la oficialidad. 

Ante la indignación nacional, el presidente Castillo solicitó la renuncia del ministro de Defensa, Walter Ayala. Al cierre de esta edición el titular de Defensa había formalizado su renuncia, mientras en el Congreso ya estaba en camino la interpelación y la censura de Ayala.

Una de las preguntas que flotaba en el ambiente era sobre cuánto afectaba el escándalo al presidente Castillo. Todas las versiones señalaban que las presiones en los ascensos se habían producido por pedido presidencial.

Los dos oficiales relevados de los máximos cargos del Ejército y de la FAP han señalado públicamente que se opusieron a las presiones políticas del Ejecutivo. Y de una u otra manera, el gobierno de Pedro Castillo parece avanzar hacia una nueva tormenta.

En un hecho sin precedentes en la reciente historia, los dos altos oficiales denunciaron públicamente las presiones en las ceremonias de cambio de mando. Y entonces, las preguntas se volvieron ineludibles: ¿qué pueden significar las presiones denunciadas para el futuro del sistema republicano si el Ejecutivo está empeñado en convocar una constituyente? Considerando que los proyectos que buscan instalar constituyentes en la región –que juegan dentro y fuera de las institucionalidades– necesitan controlar y manipular a los institutos castrenses para avanzar hacia el objetivo de cambiar los regímenes políticos y económicos, ¿cuál es el nivel de gravedad de las denuncias formuladas por los dos comandantes generales?

Semejantes interrogantes son impostergables para cualquier demócrata y defensor del sistema republicano. La oposición republicana en el Congreso así parece entender la situación. La censura a Ayala se daba por descontada.

En cualquier caso, la denuncia de los comandantes generales relevados confirma que desde que se instalara la administración Castillo, el país avanza hacia una acelerada desinstitucionalización. Las instituciones, la política y los temas económicos se han convertido en batallas ideológicas de parte de sectores del Ejecutivo que consideran que salvo el poder lo demás no importa. 

De alguna manera se cree que las instituciones se pueden controlar a voluntad, al margen de las reglas, procedimientos, la historia y las tradiciones de las mismas. Al final, estas estrategias culminan en la destrucción histórica de instituciones tutelares. Tal como sucede, por ejemplo, con las fuerzas armadas de Venezuela, hoy convertidas en simples herramientas políticas del eje castrochavista.

Al margen de cualquier mala noticia es incuestionable que nuestras fuerzas armadas han decidido –con uñas y dientes– defender su institucionalidad dentro de los marcos conferidos por la Constitución y las leyes. La ola política e institucional que se comienza a levantar, luego de las denuncias de los comandantes generales pasados intempestivamente al retiro, sin lugar a dudas así lo confirma.