¿Nadie se atreve a salvar a la economía?

Luego de la fallida vacancia, la pregunta que surge es, ¿cuál será el papel del Congreso frente a la destrucción de la economía nacional causada por los anuncios de la constituyente, la nacionalización del gas y de los recursos naturales? Si el Congreso no defiende la economía de mercado, la conclusión será que no hay una entidad que defienda el esfuerzo y el ahorro de los más de 32 millones de peruanos.

Los economistas señalan que la inversión privada caerá en por lo menos dos dígitos y que el crecimiento del PBI no sobrepasará el 3%. En otras palabras, la lentificación de la economía no permitirá reducir la pobreza. Es decir, faltará empleo y aumentará la desesperación social. En este contexto, los colectivistas y comunistas del Ejecutivo en vez de reconocer el desastre nacional que han causado, buscarán reventar la caja fiscal y culpar al modelo económico y a la Constitución del desastre con el objetivo de legitimar una constituyente.

¿Qué hace la oposición para organizar una narrativa alternativa frente al desastre que se avecina por el desplome de la inversión privada en el 2022? ¿Cuál es el papel del Congreso ante estos acontecimientos?

Si el Congreso no asume su papel en la defensa de la economía de mercado y la oposición en general se mantiene distante y de costado en el tema, la conclusión de los ciudadanos será que la crisis tiene que ver con el modelo y la Constitución. ¿O no? Si el Ejecutivo va en contra de la inversión y el Legislativo no se convierte en un muro de contención de este absurdo, ¿qué pueden imaginar los ciudadanos del país?

El Ejecutivo, por ejemplo, ha abandonado el principio de autoridad y ha renunciado a la vigencia de la Constitución y las leyes en el llamado corredor minero del sur, donde se emplazan las minas que producen más del 50% del cobre nacional. Es decir, el Gobierno ha abdicado de su autoridad frente a las minorías radicales. 

Las Bambas, uno de los diez megaproyectos de cobre más grande del mundo, acumula más de 400 días de paralizaciones –desde el inicio de la operación– y en vez de las 450,000 toneladas métricas de cobre (TMC) anuales proyectadas solo produce menos de 300,000 TMC. Un crimen frente a los inmejorables precios del cobre.

¿Ante esta situación que dice la oposición? ¿Qué control político desarrolla el Congreso frente al abandono de Las Bambas de parte del Ejecutivo? Todo es silencio y distancia.

Igualmente, hasta hoy el Legislativo no se propone restablecer la Ley de Promoción Agraria (ley 27360) –absurdamente derogada por el Congreso anterior y la administración Sagasti– que, en gran parte, explica el milagro agroexportador peruano de las últimas dos décadas: aumento de exportaciones de US$ 850 millones a más de US$ 7,500 millones y captación de inversiones de más de US$ 20,000 millones. ¿Por qué no se restablece la vigencia de esta norma si hasta quienes se opusieron en provincias hoy se arrepienten frente al aumento de la informalidad?

Si el Congreso restableciera esta norma el mensaje sería poderoso: al margen del Ejecutivo anti inversión, las instituciones republicanas del país siguen funcionando bajo la Constitución de 1993.

Algo parecido sucede con la vigilancia y control de la trayectoria fiscal del Ministerio de Economía que pretende aumentar impuestos a ciudadanos y empresas para financiar bonos. ¿Cuál será la conducta del Legislativo?

Si el Congreso no se erige como un muro en contra de las políticas anti inversión, el relato comunista acerca del modelo neoliberal, tarde o temprano, se devorará todas las libertades. Advertidos estamos.