La proclamación de Castillo y la polarización nacional

La proclamación de Pedro Castillo como presidente electo en los últimos comicios podría convertirse en un nuevo capítulo de la guerra política que atraviesa el país en las últimas décadas. Los motivos: no solo se trata de que el presidente electo fue proclamado sin que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) atendiera la demanda de contrastar las actas cuestionadas con los padrones electorales, sino que Castillo no ha descartado definitivamente la posibilidad de convocar a una constituyente y colectivizar la economía.

A nuestro entender, luego de la proclamación del JNE, la propuesta de una asamblea constituyente y la posibilidad de colectivizar la economía se convierten en los principales combustibles de la polarización. Aquí tenemos la absoluta certeza de que la mayoría del país –largamente más del 50%– no está dispuesta a aceptar una asamblea constituyente en que el Congreso, el Poder Judicial, el Ministerio Público, el Tribunal Constitucional, los sistemas de propiedad, los sistemas de contrato y los ahorros de los privados se conviertan en líquidos o relativos. 

¿Qué pretendemos señalar? Que una asamblea constituyente concentra todos los poderes institucionales, políticos, económicos y sociales –de una determinada sociedad– en un grupo de representantes o asambleístas. En otras palabras, lo que los peruanos tendríamos que aceptar es que a través de una constituyente 100 o 200 personas, al margen de su representatividad, decidan si los ahorros de toda nuestra vida siguen siendo de nuestra propiedad o pasan a formar parte de un “sistema de propiedad social”. De allí entonces el temor y el pánico de las clases medias que organizan el clima de polarización y enfrentamiento que atraviesa la sociedad.

Si Pedro Castillo pretende organizar un momento diferente en la política, entonces debería descartar de plano la asamblea constituyente y presentar otras alternativas. De otro lado, para todos es evidente que el objetivo principal de las corrientes comunistas con la propuesta de asamblea constituyente es cambiar el régimen económico de la Constitución, que consagra la inviolabilidad de la propiedad privada y los contratos, que establece el papel subsidiario de la propiedad estatal con respecto a la propiedad privada y que sanciona la libertad de precios y la desregulación de mercados.

La fuga de capitales de más de US$ 16,000 millones, la trepada del dólar, la subida de los precios de la canasta básica que dependen de las importaciones y la parálisis de la economía y las inversiones se explican por el programa de Perú Libre que pretende cambiar el régimen económico para reeditar el modelo del estado-empresario, que desató la hiperinflación de los ochenta en el Perú y ha causado la actual tragedia humanitaria en Venezuela. Si las cosas son así, entonces, el nuevo gobierno debería anunciar un equipo económico que se distancie de esas propuestas estatistas que alientan los pánicos y desatan la polarización social.

Todo indica que el Perú ha ingresado a una disyuntiva final: o nuestra sociedad persiste en las libertades políticas y económicas que, mal que bien, han estado vigentes en las últimas décadas o se enrumba en el túnel del autoritarismo y la colectivización de la economía.

Ojalá que el azar y las circunstancias nos alejen de los caminos extremos. Parece difícil imaginar que el Perú retroceda en los logros económicos y sociales de las últimas décadas y se embarque en el camino colectivista que empobreció a más de 60% de los peruanos en los años ochenta y ha empobrecido a más del 90% de los venezolanos.

En cualquier caso, estamos seguros de que la mayoría de peruanos hará respetar la Constitución y la vigencia de las libertades políticas y económicas que se han mantenido en las últimas décadas.