La comisión de Constitución del Congreso de la R...
El Gobierno de Pedro Castillo y de Perú Libre se decidió a cambiar a cuatro ministros que enfrentaban interpelaciones y potenciales censuras en el Congreso. La oposición parecía decidida a censurarlos. En este contexto, Betssy Chávez mantuvo el cargo, aunque todo indica que el Legislativo la censurará.
Javier Arce fue nombrado en el Ministerio de Agricultura. Dimitri Senmanche fue designado para el sector de Interior y Juan Barranzuela para el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. En el Ministerio de Energía y Minas (Minem) fue designada Alessandra Herrera, una abogada que ya ocupó el cargo durante el fallido Gabinete Valer.
Los cambios ministeriales pueden calificarse como cosméticos, excepto el relevo en el Minem, en donde la salida de Carlos Palacios significa alejar a un colectivista doctrinario que busca la estatización de la minería del país. Sin embargo, lo que llama en extremo la atención es la manera cómo las corrientes colectivistas, comunistas y progresistas, asumen los cambios ministeriales: simples disputas de poder y cuotas en el Estado.
Los líderes de Perú Libre, Guido Bellido y Vladimir Cerrón, mediante sendos tuits, señalaron que los cambios ministeriales no habían sido consultados al “partido”. Cerrón, incluso, aseveró que el cambio en el Minem confirmaba “la extrema derechización del sector minero”. Nadie entiende de dónde los militantes de Perú Libre han sacado el argumento de que en el país gobierna un partido. El presidente de la República es un ciudadano electo por todos los peruanos, un hombre al que debería considerarse el primer magistrado de la nación.
Sin embargo, lo que abisma, lo que deja perplejo a cualquier peruano de buena voluntad, es la frivolidad con que los comunistas y progresistas asumen los nombramientos en el Estado. Un estatalismo que lo desborda todo. Los cambios ministeriales se producen en el preciso momento en que se anuncia una crisis alimentaria en el mundo, y que remecerá al Perú.
Las Naciones Unidas y la prestigiosa revista The Economist acaban de alertar que se avecina una hambruna mundial que puede afectar a más de 250 millones de personas. En el Perú, la FAO acaba de anunciar que podrían haber cerca de 15 millones de personas en riesgo de padecer el flagelo del hambre. Considerando que más del 25% de la población está debajo de la línea de la pobreza, las cosas en nuestro país podrían devenir en realmente dramáticas. Agregarle a la situación de pobreza una falta de oferta de alimentos es un crimen en un país que todavía tiene recursos para manejar previsiones.
De allí la perplejidad que causa la conducta de los militantes y los líderes de Perú Posible con respecto a los nombramientos en el Estado. Los pobres no importan, son ideas o imágenes que se agitan para contraponerlos a los ricos y los empresarios. Sin embargo, ahora que se avecina una carestía de alimentos no son capaces de buscar consejo técnico y profesional, que existe en el país, para utilizar los recursos adecuadamente.
El Gobierno de la supuesta “Segunda Reforma Agraria” recién el pasado 19 de mayo emitió un decreto de urgencia para comprar urea y fertilizantes en el exterior; productos que necesitan con urgencia, sobre todo, los más de 2.5 millones de agricultores minifundistas del país. Sin embargo, lo hizo cuando las campañas agrícolas del 2022 y el 2023 ya están en peligro –desabastecidas de los productos químicos que incrementan la productividad–, cuando los países productores de fertilizantes ya han cerrado sus mercados para proteger el abastecimiento alimentario interno.
Frivolidad, incompetencia y una extrema ideologización, parecen ser los rostros de la destrucción nacional que ha desatado Perú Libre.
COMENTARIOS