La extraña propuesta del estado de emergencia para Lima

El ministro del Interior, Avelino Guillén, ha declarado que el Ejecutivo estudia la posibilidad de establecer el Estado de emergencia en Lima para contener el desborde de la criminalidad. En otras palabras, el Gobierno reconoce que fracasa en todas las líneas en la seguridad ciudadana, porque es evidente que el descontrol del delito se ha agravado en los meses de la gestión de Pedro Castillo.

Se habla incluso de la posibilidad de que las Fuerzas Armadas apoyen la labor de contención del desborde criminal. Sin embargo, la repentina inclinación del Gobierno de las izquierdas comunistas y progresistas por el estado de emergencia en Lima contrasta con la indolencia frente a las prácticas violentistas de las minorías radicales que violan la Constitución, las leyes y el respeto a los contratos en el corredor minero del sur y en la zona sur de Ayacucho.

Como todos sabemos, en el corredor vial del sur, Las Bambas acumula más de 400 días de paralizaciones –desde el inicio de las operaciones– por la acción de las minorías radicalizadas que bloquean una vía nacional por donde transitan los camiones que transportan el mineral. Las pérdidas para el Perú y la región Apurímac son considerables. Por otro lado, en el sur de Ayacucho, luego de atacar e incendiar la propiedad y los activos de una empresa minera, se exige el cierre inconstitucional de cuatro minas. ¿Por qué no se plantea el estado de emergencia inmediato en esas zonas?

El Ejecutivo entonces parece dispuesto a establecer la emergencia en Lima donde las abrumadoras mayorías silenciosas, ya sean ricos o pobres, padecen la ineptitud del Gobierno para enfrentar el problema de la delincuencia. Pero en el oficialismo no se atreven siquiera a hablar de la posibilidad del estado de emergencia en áreas mineras controladas por minorías radicales que imponen la ley de la selva. Una paradoja y una contradicción insalvable en la argumentación.

Semejante contradicción despierta más de una suspicacia en una administración que sigue proponiendo una asamblea constituyente –sobre todo luego de que el Ejecutivo observara la ley sobre el procedimiento de reforma constitucional– y que alberga en su seno a corrientes comunistas y progresistas que no tienen mayores compromisos con la Constitución y las libertades republicanas. Cuando en una administración se tiene un doble rasero para evaluar los estados de excepción contemplados en la Constitución hay que observar con extremo cuidado y vigilancia qué derechos constitucionales se suspenden con el estado de emergencia.

Sin embargo, otro problema de fondo subyace a la actual ola criminal que azota en la capital: es la extrema desinstitucionalización de la Policía Nacional del Perú (PNP). Sobre todo luego de que, durante la administración Sagasti, se pasará al retiro a 18 oficiales generales en contra de ley y los procedimientos establecidos. Desde ese momento devastador para la institución policial –en que por el control político de la policía se desarrolló una razia sin precedentes–, la crisis de institucionalidad de la PNP se agravó y, de una u otra manera, se creó la actual crisis de seguridad ciudadana.

Por todas estas consideraciones, la oposición y la mayoría republicana deben permanecer vigilantes frente a la posibilidad de que se conculquen derechos constitucionales, y deben comenzar a discutir qué reformas legales urgentes se requiere para solucionar la crisis de la institución policial y de la seguridad ciudadana.