¡La constituyente solo es posible con un golpe de Estado!

La propuesta del candidato Pedro Castillo y de Perú Libre de convocar a una asamblea constituyente solo será posible mediante el quiebre total del régimen constitucional o, través de un “golpe de masas”; es decir, a través de un golpe de Estado.

¿Por qué llegamos a una afirmación tan categórica? El artículo 206 de la Constitución es absolutamente claro cuando señala que “…Toda reforma constitucional debe ser aprobada por el Congreso con mayoría absoluta del número legal de sus miembros, y ratificada mediante referéndum. Puede omitirse el referéndum cuando el acuerdo del Congreso se obtiene en dos legislaturas ordinarias sucesivas con una votación favorable, en cada caso, superior a los dos tercios del número legal de congresistas…”. 

¿Qué significa semejante declaración constitucional tan categórica? Que la Constitución ha grabado en piedra que cualquiera sea la iniciativa de reforma constitucional, esta inevitablemente debe sancionarse en el Legislativo. En este sentido, ¿cuál sería la única posibilidad de que Perú Libre impusiera una constituyente? Evidentemente tener una amplia mayoría en el Congreso que, electoralmente, no ha obtenido. De allí que Pedro Castillo suela hablar de convocar a las “organizaciones del pueblo” (léase soviets) para materializar la asamblea constituyente. En otras palabras, instalar “una asamblea paralela” al Legislativo, tal como acaeció en Venezuela.

¿Por qué la Constitución graba en piedra la tesis de que el único poder constituyente es el Congreso, e incluso le niega al Ejecutivo la facultad de observar una reforma constitucional? Porque en las reflexiones de los constituyentes de 1993 –ya sean de derecha, de centro o de izquierda– siempre estuvieron presentes las grandes enseñanzas republicanas de la historia universal y del mejor constitucionalismo: las instituciones consagradas en la Constitución no se pueden someter al humor o las pasiones de mayorías circunstanciales, porque sería abrir las puertas de la dictadura de las mayorias. 

Desde que Julio César cruzó el Rubicón y destruyó cerca de cinco siglos de republicanismo en Roma –pasando por los asaltos bolcheviques y nazis del siglo XX, los autoritarismos plebiscitarios de los chavistas en la región, hasta los juegos de caudillo de Martín Vizcarra con el referendo que destruyó la institucionalidad–, las mayorías circunstanciales y efímeras han enterrado las constituciones.

De allí que nuestra Carta Política solo erija un único y excluyente poder constituyente: el Congreso.

De otro lado, vale señalar algo que es de extrema importancia y que no se considera en el debate. El artículo 32 de la Constitución Política que regula el referéndum sostiene igualmente que “no puede someterse a referéndum la supresión o la disminución de los derechos fundamentales de la persona, ni las normas de carácter tributario y presupuestal, ni los tratados internacionales en vigor”. 

¿Qué significan igualmente estos conceptos que han sido también grabados en piedra? Que los derechos individuales de la persona en todas sus expresiones, que los derechos de propiedad en todas sus expresiones, que el derecho a realizar contratos de manera libre y voluntaria y todos los demás derechos económicos que reconocen los más de 19 tratados de libre comercio no pueden ser sometidos a referendo.

Como se aprecia con absoluta claridad, el constitucionalismo que emana de nuestra Carta Política sostiene categóricamente que las mayorías circunstanciales que suelen surgir, expresando estados de ánimos momentáneos, no pueden derribar las vigas centrales con que se construye un sistema republicano. Es decir, una mayoría de semanas –como la que promovieron Vizcarra y algunos sectores– no puede derribar instituciones y derechos individuales que la Constitución vigente ha establecido a perpetuidad; es decir, con la decisión de que perduren más allá de la coyuntura.

Cuando las sociedades enferman esos derechos son barridos por mayorías volátiles y surgen los Hitler, los Stalin, los Chávez, que bañan a sus pueblos en sangre y desgracian generaciones enteras. De allí la enorme importancia de enfrentar el intento de quebrar la institucionalidad con todas las armas y herramientas de la Constitución.