¡Estado de emergencia para minas en el sur!

El lunes reciente, dirigentes del distrito de Challhuahuacho y de la provincia de Cotabambas-Tambobamba (en Apurímac) decidieron radicalizar las medidas de fuerza y han declarado una paralización indefinida con bloqueos en varios sectores del denominado Corredor Vial Sur (o Corredor Minero del Sur). La actitud intransigente de los dirigentes de las comunidades y distritos de Cotabambas-Tambobamba jaquea la viabilidad de una de las operaciones de cobre más importantes del Perú y del planeta, Las Bambas, que representa alrededor del 1% del PBI de nuestro país.

Antes de continuar vale señalar que el Ejecutivo y la administración Castillo no tienen ninguna estrategia para la resolución y gestión de los conflictos sociales alrededor del sector extractivo. Con el anterior titular del Ministerio de Energía y Minas (Minam) se desarrolló la idea de un nuevo enfoque (la denominada rentabilidad social) que, supuestamente, resolvería los conflictos, no obstante que la minería moderna ya genera rentabilidad y beneficios sociales y económicos per se. De allí que la referida propuesta solo quedara en tinta y papel. 

Luego el expresidente del Consejo de Ministros Guido Bellido, en su afán de protagonismo, desarrolló un rush por todo el corredor minero ofreciendo promesas imposibles de cumplir, tales como la nacionalización de los recursos o el cambio de clasificación del Corredor Minero, de vía nacional a vía vecinal (como pretenden los dirigentes comunales). Los bloqueos de la vía minera son alentadas por estas demagogias: con la vía convertida en vía vecinal todos quieren cobrar peajes a las mineras. 

La nueva situación en Las Bambas impone que el Ejecutivo declare al Corredor Minero del Sur en estado de emergencia, se restituya el orden y el Estado de derecho. Desde casi la misma proclamación de Castillo como jefe de Estado, no hay una semana sin protestas, bloqueos y otras medidas violentas que se zurran en el ordenamiento jurídico nacional.

El nuevo paro indefinido en Challhuahuacho y Cotabambas no tiene la menor justificación. Vamos a decirlo claro: Las Bambas no tiene, al día de hoy, ningún compromiso incumplido desde el 2015, fecha de los acuerdos con las comunidades aledañas. El único compromiso que aún no se ha ejecutado es la entrega de tres camionetas rurales a la comunidad de Challhuahuacho, una entrega que no se concretó por los problemas internos de la referida comunidad. Sin embargo en la mencionada comunidad se ha vuelto a exigir el cumplimiento de 12 puntos, comprometidos supuestamente por la empresa minera Las Bambas. Una información absolutamente falsa.

Sin embargo, ¿el cumplimiento de estos 12 puntos por parte de la minera justifica las medidas de fuerza? De ninguna manera. Por ejemplo, entre la docena de demandas se exige que Las Bambas se encargue de la movilidad de los estudiantes escolares. Asimismo, se pide a la empresa minera prácticas preprofesionales e instalación de una oficina de consultas y reclamos. Todos estos pedidos no son insalvables y ya se están atendiendo. 

Sin embargo, la violencia persiste. No solo eso, ahora se pide la presencia del presidente Castillo, quien en campaña electoral prometió nacionalizar las minas; y también de la PCM, Vásquez, con larga trayectoria en contra de proyectos mineros, como Conga en Cajamarca.

Los pobladores de comunidades y localidades emplazados en el Corredor Minero parecen haber entrado en competencia sobre quién exige y pide más. Por esa y otras razones, el presidente Castillo y la PCM, Mirtha Vásquez, deben declarar la zona en estado de emergencia. 

Un gobierno no puede tener viabilidad si no restituye el orden y el Estado de derecho.