En defensa de la bicameralidad y la reelección de los congresistas

Los mismos sectores que construyeron, durante las últimas décadas, los relatos y fábulas que posibilitaron elegir al peor candidato de la historia republicana y organizar la actual tragedia nacional, hoy se oponen a la reforma constitucional para establecer el sistema bicameral. Igualmente, se trata de los mismos sectores que han construido una legislación electoral en contra de los partidos políticos, con el objeto de erradicar la idea del partido del sistema político.

Siempre vale recordar que Pedro Castillo nunca hubiese sido elegido como jefe de Estado, no obstante sus vínculos con el maoísmo y no obstante su condición de menos preparado para el cargo, sin las fábulas acerca del “conflicto armado interno” o “la violación sistemática de los derechos humanos de parte del Estado”, elaborados por la Comisión de la Verdad y la Reconciliación Nacional. Todas las narrativas progresistas sirvieron para edulcorar, por ejemplo, la presencia del maoísmo en la última elección nacional.

En este contexto, vale preguntarse, ¿cómo pueden existir políticos, académicos y personalidades que se opongan a la reforma del sistema político, si la democracia está al borde del abismo? La única respuesta es que prefieren mantener el statu quo, que les posibilitó gobernar sin ganar elecciones. Es decir, prefieren mantener los yerros autoritarios de la Constitución de 1993, que promueven un sistema plebiscitario. Allí están los ejemplos del fujimorismo y el vizcarrismo como graves desviaciones autoritarias y plebiscitarias de la democracia.

El sistema unicameral imperante en el país ha alentado una disyuntiva que se ha devorado el sistema republicano: la polarización entre vacancia presidencial y disolución del Congreso. Semejante disyuntiva ha destruido los sistemas de equilibrio y controles constitucionales del poder, a tal extremo que en el periodo 2016 -2021 se disolvió inconstitucionalmente un Congreso con el argumento de la “denegación fáctica de la confianza” –inexistente en la Constitución– y hubo cuatro presidentes. Algo así no puede volver a pasar.

En el sistema bicameral, la cámara de diputados aprueba la acusación del Jefe de Estado, pero el Senado decide si la vacancia procede o no. Asimismo, en el caso de la disolución de las cámaras, solo se disuelve la cámara baja y el Senado permanece. Por lo tanto, los equilibrios institucionales posibilitan que el autoritarismo y los excesos no se inclinen ni al Ejecutivo ni al Legislativo. De alguna manera allí está el centro neurálgico de la bicameralidad, que forma parte de nuestra constitución histórica: desde la fundación republicana se promulgaron 12 constituciones. En diez de ellas se establece la bicameralidad. Por estas razones, el dictamen de la Comisión de Constitución reproduce la mayoría de los artículos de la Constitución de 1979.

Por otro lado, es hora de abandonar los argumentos populistas en la discusión de la reforma política. La no reelección parlamentaria que promovió el ex presidente Vizcarra ha destruido la posibilidad de construir una clase política nacional y es una de las principales explicaciones del deterioro de la calidad de los parlamentarios y los políticos en general.

En las repúblicas que permanecen a lo largo de los siglos existe una clase política con hombres públicos que desarrollan una trayectoria de vida, mediante una serie de reelecciones en los legislativos o, a través de una inicial carrera en los gobiernos subnacionales. La imposibilidad de que los buenos congresistas se reelijan, entonces, es una estocada mortal al sistema político.

Finalmente, es hora de reformar la legalidad de los partidos políticos, hoy atrapados y disminuidos por la tramitología y el intento del Estado de controlar todos los aspectos de la vida partidaria. En ese sentido, la legislación electoral debe ser simplificada para devolverle a los militantes y dirigentes el poder del partido; y por otro lado, se debe avanzar hacia distritos electorales más pequeños para empoderar a los electores en el control de sus representantes.

Sin reforma institucional y política no se puede enfrentar a la amenaza de la asamblea constituyente.