La comisión de Constitución del Congreso de la R...
El Tribunal Constitucional (TC) ratificó el indulto humanitario que concedió el ex presidente Pedro Pablo Kuzcynski (PPK) al ex presidente Alberto Fujimori algunos años atrás. A favor de la resolución votaron los magistrados Ernesto Blume Fortini, José Luis Sardón y Augusto Ferrero. Sin embargo, en calidad del presidente TC, Ferrero definió la resolución ejerciendo el voto decisorio.
De esta manera el ex presidente Fujimori alcanza su libertad inmediata. Vale recordar que cuando se otorgó el indulto humanitario a Fujimori los sectores de izquierda recurrieron a la Corte Interamericana de Derechos Humanos arguyendo que no podía haber indultos humanitarios en condenas “por lesa humanidad”. El tribunal internacional falló señalando que la controversia debía verse por la justicia constitucional (léase TC) en sede nacional. Sin embargo, un juez supremo provisional anuló el indulto humanitario en medio de una movilización mediática para anular la decisión de PPK.
En este contexto el TC ha fallado estableciendo que el procedimiento del indulto es una exclusiva facultad del jefe de Estado consagrada en la Constitución Política. Planteada las cosas así, entonces, el indulto humanitario es cosa juzgada para la legislación nacional e internacional.
Sin embargo, diversos sectores izquierdistas insisten en que no puede haber indulto humanitario en condenas “por lesa humanidad” y, por lo tanto, anuncian que recurrirán nuevamente a la corte internacional. Un argumento mediático y risible que no resiste el menor análisis jurídico. ¿Por qué? Los delitos de lesa humanidad fueron establecidos en nuestra legislación cuando el Perú ratificó la Convención de Roma en el 2002 y los hechos atribuidos a Fujimori sucedieron en los años noventa. Por este motivo, la condena a Fujimori se basó en los tipos de secuestro y homicidio.
Se viene entonces una etapa de cuestionamientos y polarizaciones alrededor de la sentencia del TC. No obstante, impresiona en extremo y deja anonadado a cualquiera el odio comunista en contra de un anciano de 84 años, que acumula todas las dolencias físicas y mentales que lo empujan muy cerca de la muerte. La pasión antifujimorista parece decirnos que el anciano Fujimori debe morir en “la cárcel porque sería una manera de educar al Perú en el respeto de las instituciones y la libertad”.
Sin embargo, el odio comunista y progresista en contra del anciano Fujimori no ha posibilitado la consolidación de las instituciones y la afirmación de la libertad. Muy por el contrario, ese visceral resentimiento comunista en contra de un hombre al borde de la muerte ha posibilitado el triunfo de Pedro Castillo y el encumbramiento de un Ejecutivo influenciado por las corrientes comunistas más ortodoxas del planeta, entre ellas el Movimiento por la Amnistía de Derechos Fundamentales (Movadef).
En base a estos criterios debemos entender que la decisión del TC, de una u otra manera, está prefigurando un cambio de época en que los principales relatos progresistas que nos han llevado a la actual tragedia nacional deben ser reformulados.
Es evidente que durante el gobierno de Alberto Fujimori, el llamado fujimorato, hubo muchos errores: el autoritarismo, la corrupción y la destrucción de las instituciones. Sin embargo, en el balance a favor quedan las reformas económicas de los años noventa, que demolieron a combazos el estado empresario y avanzaron en arrinconar la pobreza de más del 60% de la población. Igualmente vale rescatar la lucha y el triunfo sobre el terror senderista, que llegó a controlar una tercera parte del territorio nacional. Una lucha contra el terror que se basó en la movilización campesina más impresionante de toda nuestra historia republicana.
Por todas estas razones, llamamos a la mayoría de peruanos a buscar un cambio de época, a curar heridas, y a construir un nuevo momento para enfrentar la amenaza comunista y preservar la Constitución y las libertades.
COMENTARIOS