El sur marcha en defensa de Las Bambas y la minería

Diversas organizaciones sociales vinculadas a la actividad minera han convocado, para el próximo 2 de junio, a movilizaciones en Lima, Arequipa y Cusco. Las concentraciones ciudadanas se desarrollarán a las 9:00 a.m. y el lugar elegido en la Ciudad Blanca es la Plaza España, en el Cusco será la Plaza Túpac Amaru, y en Lima la concentración ciudadana se desarrollará en el Campo de Marte. 

La jornada cívica en defensa de Las Bambas, que acumula más de 480 días de paralizaciones por los bloqueos y la violencia que ejercen las minorías radicales, busca sensibilizar a la ciudadanía con respecto a la situación de una de las diez minas de cobre más grande del planeta, con una inversión de más de US$ 10,000 millones y que representa el 1% del PBI nacional y el 9% del PBI minero. 

Pero no solo se trata de alertar acerca del peligro de que unas decenas de personas muy bien organizadas puedan paralizar la producción minera –como sucede en Las Bambas– sino también del peligro de que esta estrategia termine con la minería moderna en el Perú. Dos de los lemas de la marcha son ¡El Perú es minero! y ¡Defendamos nuestro trabajo y el desarrollo del país!

En este portal lo hemos repetido hasta el cansancio: la violencia que han desatado las minorías radicales en contra de la minería moderna –violencia hoy focalizada contra Las Bambas– responde a una estrategia muy bien montada desde el Foro de Sao Paulo y que, de una u otra manera, ha sido alentada por el actual Gobierno; sobre todo cuando Guido Bellido y Mirtha Vásquez ejercieron la presidencia del Consejo de Ministros (PCM). 

Semejante estrategia busca empoderar a las minorías radicales y exacerbar las demandas de estos sectores hasta el extremo de cuestionar el sistema de propiedad de minero consagrado en la Constitución, las leyes nacionales y los tratados internacionales.  

En este contexto, ante la violencia, bloqueos y ataques de estas minorías violentistas, el Ejecutivo renuncia a ejercer autoridad y a aplicar la Constitución, mientras las instituciones del sistema de justicia no se dan por enteradas de los actos contra la propiedad privada y pública, de los atentados contra la vida, el cuerpo y la salud y de las violaciones del derecho al tránsito y al trabajo.

En esta situación no es exagerado sostener que muy pronto se producirán enfrentamientos entre poblaciones. Por ejemplo, las marchas convocadas para el 2 de junio son impulsadas por los trabajadores de Las Bambas, minera que genera más de 8,000 empleos directos y 75,000 indirectos. 

La desesperación va en aumento y los propios emprendedores y empresarios del distrito de Challhuahuacho acaban de emitir un pronunciamiento exigiendo que el Gobierno asuma su responsabilidad en el conflicto. Igualmente, el gobernador regional, Baltazar Lantarón, se ha pronunciado más de una vez denunciando las pérdidas para Apurímac, en canon y regalías, por cada día de paralización. En el mismo sentido se ha manifestado la Cámara de Comercio de Apurímac.

La demanda de las minorías radicales de participar con el 50% de las utilidades es la clara expresión de una estrategia velada que busca la estatización de las minas de cobre del Perú para crear una especie de PDVSA del metal rojo, que sirva de fuente financiamiento para la estrategias bolivarianas en la región. 

Si la minería moderna aporta más del 47% de utilidades al Estado a través de los diversos impuestos, demandar el 50% de las utilidades solo puede explicarse desde una estrategia que busca la estatización de las minas de cobre del Perú. Queda claro, entonces, la urgencia de defender la minería moderna.