El relato anticapitalista contra las agroexportaciones

El domingo pasado el Congreso estuvo a punto de iniciar una nueva “reforma agraria” con la virtual estatización de la industria agroexportadora. Después de medio siglo del experimento velasquista que empobreció al Perú, e incluso obligó a importar papas, los comunistas y colectivistas lograron que la mayoría de la sociedad permaneciera indiferente frente al nuevo intento estatizador de la agricultura. Felizmente, la reacción de algunas bancadas en el Legislativo evitó que la emboscada comunista prosperara.

La desesperación de Mirtha Vásquez, presidenta del Congreso, la hizo someter a tres votaciones el dictamen de la comisión multipartidaria y del Ejecutivo; y en todas ellas las abstenciones y los votos en contra fueron mayoría. Sin embargo, era evidente que los sectores que defendían la inversión privada, el crecimiento y la reducción de pobreza en el agro solo se defendían. Ni siquiera presentaron iniciativas propias. El proyecto de la multipartidaria y del Ejecutivo se derivó a la Comisión de Economía, una comisión con mayor conocimiento e información sobre la economía, y el asunto deberá analizarse en la Comisión Permanente.

El intento estatizador de las agroexportaciones era más que evidente. Si los costos salariales representan entre el 40% y el 60% de los costos totales de una inversión agroexportadora –dependiendo de los cultivos– era evidente que se si elevaba los salarios en 50% muchas inversiones se iban a cancelar (sobre todo arándanos y espárragos verdes y blancos), y otras iban a empezar una lenta agonía hasta quebrar. El motivo: los costos salariales iban a incrementarse en 80%. Algo así solo sucedía en las cooperativas de propiedad mixta del velascato, los koljoses soviéticos y las cooperativas yugoslavas, en donde la participación privada era ínfima.

¿Cómo íbamos a llegar a esta barbarie estatizadora? El dictamen de la comisión multipartidaria y de la administración Sagasti señalaba que se establecía una Remuneración Básica Agraria que consideraba la Remuneración Mínima Vital nacional más un bono de 25%. Sobre esta base se establecía la CTS, las vacaciones y las gratificaciones. Sumas y restas que implicaban un incremento del 50%. De otro lado, los comunistas y colectivistas proponían incrementar en 50% la participación de los trabajadores en las utilidades de las agroexportadoras, promovían la negociación sindical por ramas e incluso metían los absurdos ideológicos del género en la política laboral. Estas propuestas representaban la liquidación del boom agroexportador, pero ni el Ejecutivo ni el Ministerio de Economía se atrevieron a pelear por el sector. 

Era evidente que la idea que demonizaba a las empresas como centros de explotación, y no como islas que generan riqueza y prosperidad, estaba detrás de la ofensiva colectivista. Era incuestionable que el hecho de que más del 90% de la agricultura permanezca en la informalidad, de que existan bolsones lamentables de pobreza en el agro y muchas agroindustriales informales, se pretendía atribuir a la derogada Ley de Promoción Agraria, y no a las indolencias e incapacidades del Estado.

Si en el agro existe atraso es porque la estructura de la propiedad –alrededor de dos millones de minifundistas– y el fracaso del Estado en la imposición de la ley y la Constitución se extiende a todos los sectores. Si existen contratos informales y services es responsabilidad exclusiva del sector Trabajo, y no de las empresas agroexportadoras formales. Sin embargo, los comunistas en vez de buscar alianza entre empresas y trabajadores –tal como sucede en la minería– para denunciar los yerros del Estado, solo demonizan a las empresas formales por criterios ideológicos.

Ahora que las agroexportaciones nacionales estuvieron a punto de ser estatizadas, vale preguntarse cómo ha sido posible el regreso de una fórmula de “reforma agraria” que tanta pobreza generó en el país. Cuando en los noventa se discutía el regreso de la inversión privada en el campo, las ex cooperativas –Casagrande, Laredo, Cayaltí, entre otras– se habían convertido en pueblos fantasmas. Los edificios de cemento y las máquinas de acero se caían a pedazos. Las personas mayores, que habían trabajado con los antiguos dueños de las haciendas, soñaban con el regreso de ellos para que la tierra volviera a producir. Los hijos de los ex trabajadores casi nunca habían trabajado, y los nietos estaban en franca descomposición social, algunos incluso se habían dedicado a la drogadicción. Los pueblos azucareros se habían convertido en poblaciones muertas; y los viejos, abatidos por dos décadas de reforma agraria, solían sentarse a las puertas para enfrentar el día sin cambios.

Desde el regreso del capital privado en los noventa todo eso cambió en las zonas agroexportadoras. Los pueblos agrarios de la costa volvieron a moverse y empezó a faltar tiempo frente a tanta demanda de empleo. Incluso empezó a surgir una nueva clase media vinculada al boom agroexportador, que incrementó las exportaciones de US$ 850 millones a US$ 7,000 millones, que posibilitó que 600 variedades de frutas y hortalizas se colocaran en los mercados mundiales, y que empezó a desatar la envidia de nuestros vecinos que hoy se apuran a copiar la derogada Ley de Promoción Agraria.

Por todo eso vale preguntarse, ¿cómo se impuso el relato comunista de la nueva reforma agraria y del proyecto estatizador que se discutió el domingo pasado en el Congreso?