¡El Congreso no puede ser chuponeado!

Un programa de televisión dominical difundió audios en los que se registran las conversaciones de varios congresistas acerca de la elección de los miembros del Tribunal Constitucional (TC). Luego de escuchar detenidamente las grabaciones, resulta evidente que no existe ningún asunto de interés público que merezca propalarse a la ciudadanía. Se trata de diálogos entre congresistas de oposición que delinean estrategias para elegir a los miembros del TC. En sentido estricto, pues, se trata de diálogos privados entre los representantes de un poder elegido por sufragio que nunca debió grabarse ni difundirse.

Es incuestionable que los medios propalaron los señalados audios por la extrema polarización en que se empantana nuestra República. En ese contexto, las conversaciones grabadas pueden ser utilizadas para intentar demostrar que existe un sector del Legislativo que pretende controlar el TC. Una voluntad política que, por cierto, ningún sector político está empeñado en ocultar, ya sea el que impulsa la elección de los miembros del TC o el que se opone abiertamente al proceso eleccionario. Si los medios hubiesen entrevistado a cualquiera de los congresistas, cuyas conversaciones fueron interceptadas, estamos casi seguros de que habrían manifestado lo mismo que se registra en los audios difundidos. 

Si no hay asunto de interés público en los audios difundidos, excepto la lucha de dos sectores alrededor de la elección de los miembros del TC, ¿cómo entonces en el Perú no se respeta el derecho a la intimidad, a sostener un diálogo privado entre los propios integrantes del Congreso nacional? ¿O acaso un sector del país, que pretende evitar que el Congreso ejerza la función constitucional de elegir a los miembros del TC, puede utilizar armas vedadas por la Constitución y la ley?

Si en el Perú empezamos a aceptar este tipo de conductas, entonces, estaremos regresando a los oscuros años del montesinismo, en que se utilizaba el Estado para interceptar las conversaciones de los sectores de oposición y se violaban diversos derechos constitucionales; entre ellos el derecho a la intimidad, a la opinión y conciencia, por ejemplo. En este contexto, es sumamente oportuno el anuncio del presidente del Congreso, Pedro Olaechea, acerca de presentar una denuncia penal ante el Ministerio Público para investigar a los actores que desarrollan estas interceptaciones ilegales. Es vital que esta iniciativa prospere para restablecer criterios mínimos de convivencia política.

En el Perú no se puede contemplar absortos cómo la convivencia política y el funcionamiento de las instituciones se deterioran a niveles impensables por una guerra política en la que se empieza a utilizar métodos abiertamente prohibidos por la Constitución y la ley.