Activistas de oenegés pretenden ser una oligarquía sin controles

En el Perú las leyes que no se reglamentan, se derogan en la práctica. Se convierten en inejecutables. Es lo que empieza a suceder con la ley que incrementa las funciones de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI) en el control de los recursos que reciben las oenegés del exterior, hoy convertidas en una oligarquía que puede desarrollar campañas a favor de políticas públicas con dinero del exterior sin fiscalizaciones ni explicaciones.

A pesar de que el Congreso aprobó la mencionada norma siguiendo los estándares internacionales de otras naciones desarrolladas–tales como los Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Australia, entre otros países, que, incluso, tienen sanciones más severas– el Ejecutivo peruano parece que se ha amedrentado frente a la campaña progresista. Las diversas corrientes de izquierda señalaron que el intento de fiscalizar los recursos externos de las oenegés significaba un atentado contra el derecho de participación ciudadana en los asuntos públicos, en contra del fortalecimiento de “la sociedad civil” y los llamados “defensores de los derechos humanos”.

Más allá de la barbarie intelectual de autoproclamarse representantes de la sociedad civil –terminó hegeliano luego reinterpretado por el marxismo– y de defensores de los Derechos Humanos, ¿qué puede llevar a los activistas de las oenegés a considerarse una oligarquía política exenta de los controles del Estado?

En el Perú, por ejemplos, los partidos políticos, es decir los vehículos por excelencia de la participación ciudadana en los asuntos públicos –que reconocen todas las constituciones democráticas del planeta y la propia historia universal– han sido sobrerregulados de tal manera que se ha desatado una terrible fragmentación que amenaza el sistema político. Los mismos sectores progresistas que demandan que los activistas de las oenegés se conviertan en una oligarquía sin control son los que fomentaron la sobrerregulación de los partidos políticos llegando a restringir el financiamiento privado a estas organizaciones (una situación parcialmente modificada por el Congreso). 

Si los partidos son controlados por los electores que, incluso, pueden llegar a establecer su desaparición a través del rechazo electoral, ¿qué argumento válido se puede esgrimir para evitar que la APCI controle los recursos de las oenegés del exterior?

No estamos ante un asunto cualquiera. En las últimas décadas las principales políticas públicas del país, ya sea la pacificación a través del informe de la Comisión de la Verdad; las propuestas de reforma para la justicia, las políticas en minería, agricultura, pesca, y otras actividades, han sido influenciadas por las narrativas que han desarrollado las oenegés a través de campañas gigantescas. Por ejemplo, el país necesita un estudio sobre cuánto gastaron las oenegés en paralizar los proyectos de cobre Conga en Cajamarca y Tía María en Arequipa, y de dónde provinieron los fondos para financiar esa campaña antiperuana. Hoy Cajamarca, por ejemplo, sigue siendo una de las regiones más pobres debido al bloqueo de sus proyectos mineros.

Por todas estas consideraciones es inaceptable que el Ejecutivo incumpla sus funciones constitucionales postergando para las calendas griegas la reglamentación de la ley que incrementa las funciones de la APCI en el control de los recursos externos de las oenegés.

Los peruanos de buena voluntad de ninguna manera deben aceptar esta situación.