¡Dios mío!¡Todo el Ejecutivo desconocía qué era Antamina!

Si bien el ministro de Justicia, Aníbal Torres, rectificó sus declaraciones sobre “la participación de los accionistas de Antamina en una supuesta conspiración política”, el solo hecho de la declaración y de haber exigido que se investigue a los mencionados accionistas, revela la desubicación general del Ejecutivo con respecto una empresa emblemática del país en las últimas dos décadas. 

Pero no se trata solo del titular de Justicia. El ministro de Energía y Minas, Eduardo González Toro, en una reunión con la localidad de Aquia –que bloquea los accesos en Huarmey– en vez de asumir su función de representante del Estado hizo las veces de un simple agitador. 

El titular de Energía le cargó todos los males a la empresa Antamina. Todas sus declaraciones fueron grabadas y difundidas en redes sociales. ¿Cómo puede estar sucediendo estas cosas en el Perú? ¿Cómo dos ministros pueden desconocer de dónde, principalmente, provienen los recursos que el Estado y los gobiernos malgastan en políticas populistas? Una clara revelación de los cien días de destrucción nacional que padece el Perú.

Para ilustrar al Ejecutivo y a los peruanos, vale señalar algunas cosas acerca de qué significa Antamina para el Perú. Antamina junto a las minas de Cerro Verde y Las Bambas produce cerca del 50% del cobre nacional. Estos tres proyectos están entre las diez minas más grandes del planeta en producción del metal rojo. 

Antamina produce cerca de 400,000 toneladas métricas de cobre y cerca de 300,000 toneladas métricas de zinc. Suma el 5% de nuestras exportaciones y representa casi el 50% del PBI de Ancash. ¿Cómo es posible que los miembros de un Ejecutivo peruano no conozcan estas realidades? 

La ideología antes que la realidad.

Pero eso no es todo. Desde dos décadas atrás, Antamina acumula una inversión de más de US$ 7,209 millones y ha contribuido al fisco con US$ 12,530 millones, con US$ 3,882 millones para el canon minero y US$ 408 millones en regalías. En este contexto, escuchar al ministro de Energía agitando en contra de la empresa en la localidad de Aquia, una localidad que no pertenece a la zona de influencia minera, y que mediante la violencia y el bloqueo de carreteras pretende imponer una negociación a una empresa que deja alrededor del 50% de sus utilidades al Perú, es un verdadero crimen social: desalienta nuevas inversiones y pone en peligro los esfuerzos de décadas en el sector.

Lo más grave de todo: ¡el ministro de Energía se despachaba con su fácil discurso antiminero enfrente de la presidente del Consejo de Ministros, Mirtha Vásquez, sin que ella lo contradiga. 

Si las cosas son así, ¿quién defiende la Constitución y la ley, y les señala a los activistas de Aquia que una localidad forma parte del área de influencia minera en base a un Estudio de Impacto Ambiental (EIA), que tiene fuerza de ley y que debe ser ejecutado por el Estado, la empresa y las comunidades?

En las imágenes en que se observa al ministro de Energía agitar en contra de la inversión minera se grafican los grandes equívocos de los burócratas y los políticos con respecto a la minería: ¡culpar a las empresas para esconder el fracaso del Estado y los gobiernos en la redistribución de la riqueza minera!

¿En dónde están los más de S/ 40,000 millones que, por concepto de canon, el sector minero ha transferido a los gobiernos regionales y locales en la última década? ¿Dónde están las carreteras, las postas médicas, los colegios, los sistemas de agua y desagüe para las poblaciones? ¿En dónde está tanta riqueza producida por las inversiones mineras y el sector privado?

El ministro de Energía repite e institucionaliza el discurso colectivista y estatista que las izquierdas han desarrollado en contra del sector minero. Devastador.