Derogar la ley que autoriza armar a los CAD

Se acaba de publicar la ley 31494 que autoriza a armar a los Comités de Autodefensa y Desarrollo Rural (CAD), en medio de una polarización sin precedentes en las últimas décadas y meses después de que, ante el rechazo nacional, el Ejecutivo retrocediera en el proyecto de crear rondas urbanas. Una propuesta que formaba parte de una estrategia de construcción de “un poder alternativo a la democracia burguesa”.

Si bien en la mencionada ley se diferencia entre CAD y rondas, sobre todo porque las primeras actúan en zonas de emergencia y han estado vinculadas a la lucha contra el terrorismo; si bien se establece que la entrega de armas será temporal mientras dure el Estado de excepción; si bien, igualmente, se señala que el Ministerio de Defensa y el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas serán las encargadas de los empadronamientos y controles, creemos que el Congreso comete un grave error: deja abierta una rendija para desarrollar una estrategia paramilitar antidemocrática.

Como todos sabemos, los proyectos bolivarianos que se proponen asambleas constituyentes y cambios de régimen políticos y sociales no solo utilizan el populismo y las clientelas para forjar una base social, sino que también se plantean controlar a las fuerzas armadas y fuerzas policiales. Y, sobre todo, se plantean crear una fuerza propia que exprese la idea de un nuevo poder alternativo al sistema constitucional. Como parte de esta estrategia evidentemente está la idea de crear una fuerza paramilitar propia; tal como ha sucedido en Venezuela, por ejemplo.

Si a estos elementos de análisis le agregamos la estrategia consciente de sectores del Ejecutivo de crear zonas liberadas de la autoridad estatal, de la Constitución y las leyes, en las áreas mineras y en los más de doce valles cocaleros, entonces, luego de la aprobación de la norma sobre los CAD y las armas tenemos la tormenta perfecta. 

En el Ejecutivo se ha hablado de comprar la hoja de coca de los valles cocaleros (el 90% se destina a la producción de cocaína), de desarrollar un nuevo empadronamiento de productores y de retirar las bases militares del VRAEM. Algo más. Para todos es evidente que las estrategias del narcotráfico necesitan un brazo armado que rompa el monopolio de la violencia estatal que, de acuerdo a la Constitución, solo recae en el Estado.

En la hipótesis –posible de materializarse– que el Gobierno de Pedro Castillo llegara a controlar políticamente nuestras fuerzas armadas, la norma que permite armar a los CAD, ¿para qué serviría? La respuesta es obvia.

Creemos que el Congreso ha pecado de ingenuidad, más allá de la buena voluntad. La norma aprobada sería muy interesante en tiempos normales. Sin embargo, estamos en tiempos de resistencia frente al proyecto de la asamblea constituyente y la nacionalización de recursos naturales.

No puede ser que el Congreso, que rechazó la asamblea constituyente, deje una rendija abierta para desarrollar una estrategia paramilitar. Hasta hoy el Legislativo se ha convertido en el muro que ha detenido el proyecto colectivista en el país, porque no solo se ha archivado la propuesta oficial de la constituyente, sino que se han aprobado leyes como la de la cuestión de confianza y los referendos y las reformas constitucionales, que han posibilitado detener en seco la ofensiva autoritaria.

Por todas estas consideraciones, el Congreso debería corregir el error y proceder a derogar la mencionada norma sobre los CAD.