Contra la Constitución, ¿el Estado del lado del relato antiminero?

El anuncio unilateral de la presidente del Consejo de Ministros (PCM), Mirtha Vásquez, sobre el cierre de cuatro minas en el sur de Ayacucho, es una clara notificación sobre cómo el relato antiminero, que paraliza el crecimiento y aumenta pobreza, se ha entronizado en la cúspide del Estado.

Más allá de que el presidente Castillo haya desmentido a la PCM, y más allá también del evidente retroceso del Ejecutivo en el cierre de minas, es incuestionable que el relato minero predomina en las concepciones de nuestras autoridades. Una devastadora noticia para el futuro de los peruanos, sobre todo para los más pobres.

La narrativa antiminera es una suma de leyendas y mitos ambientalistas y de visiones post extractivistas de la economía y la sociedad que pretenden que las sociedades regresen a un pasado bucólico pre industrial. 

No vamos a profundizar en el tema. Únicamente sostendremos que el proyecto Conga en Cajamarca y las demás iniciativas de cobre en el norte han sido bloqueadas por la acción de minorías radicalizadas y mentiras inaceptables sobre los impactos ambientales. Lo mismo está sucediendo con Tía María en Arequipa. Por otro lado, imaginar un país sin minería es ignorar que sin crecimiento del PBI la pobreza aumentaría solo por el incremento poblacional.

Ahora bien, cabe señalar que la nueva narrativa antiminera tiene en las “cabeceras de cuenca” una de sus imágenes principales: se señala que las fuentes hídricas para el consumo humano y la agricultura están por encima de los 3,000 metros sobre el nivel del mar. Semejante argumento fue utilizado por la señora Vásquez para anunciar el cierre unilateral de las cuatro minas en Ayacucho.

Si pasa el mito de las cabeceras de cuenca, por lo tanto, “para garantizar el agua de la vida” debe prohibirse la minería y cualquier industria sobre los 3,000 m.s.n.m. La entelequia de la cabecera de cuenca ignora un hecho incuestionable: las lluvias son las fuentes hídricas de todo, por lo tanto, para garantizar agua de calidad se deben construir represas y reservorios a semejanza de los países desarrollados.

Si se impusiera la mentira de las cabeceras de cuenca tendríamos que paralizar el 80% de las minas del Perú y descartar más del 85% de nuestra cartera de proyectos mineros que suman US$ 62,000 millones. Un verdadero crimen social cuando el precio del cobre alcanza récords históricos.

Si se duda que el relato antiminero hoy se encuentra en la cúspide del nuevo Gobierno de Pedro Castillo, ¿cómo se entiende la solicitud de la señora Vásquez para que el Ministerio de Justicia defienda a los activistas antimineros? En otras palabras, el Estado renuncia al imperio de la Constitución y las leyes para defender a los activistas que bloquean carreteras y atentan contra la propiedad privada con el objeto de producir enfrentamientos con la policía, causar desenlaces fatales y, sobre la base de ese terrible escenario, paralizar o bloquear inversiones mineras. Nunca se había intentado disolver la autoridad del Estado de esa manera.

De otro lado, el paquete tributario presentado por el Ministerio de Economía y Finanzas busca aumentar los impuestos a la minería y restarle competitividad al sector para bloquear nuevas inversiones. Hoy la minería peruana tiene una carga tributaria que sobrepasa el 47%, más elevada que la de países como Chile, Canadá y Australia, con los cuales competimos en captar inversiones mineras. Con los anuncios de la señora Vásquez y el paquete propuesto por el MEF es incuestionable que el 2022 es casi imposible que haya nuevas inversiones en minería.

No hay duda entonces de que la narrativa antiminera hoy organiza las políticas públicas del Estado. Todos los relatos antimineros se sumarán en el discurso oficial con el objeto de paralizar una actividad que, como se dice, para la olla del Perú y garantiza el crecimiento que reduce la pobreza.

Ante la expropiación del sistema republicano por el relato de las minorías radicalizadas, las inmensas mayorías nacionales tienen la palabra.