¡Apurímac defiende a Las Bambas ante ataque de minorías!

El pronunciamiento del gobernador regional de Apurímac, Baltazar Lantarón Nuñez, denunciando que con cada día de paralización de Las Bambas los 84 distritos de la región pierden en promedio S/ 1.5 millones y que se está reduciendo el canon minero del 2022, es un cambio muy significativo de la conducta de las autoridades regionales frente a la minería.

Vale recordar que la paralización de los proyectos del llamado cinturón de cobre del norte (Conga, Galeno, La Granja, Michiquillay, entre otros) contó con el pleno respaldo del Gobierno Regional de Cajamarca. Lo mismo sucedió con el proyecto Tía María en Arequipa. El pronunciamiento de Lantarón Nuñez entonces representa un cambio determinante.

De otro lado, se acaba de conocer otro pronunciamiento en el mismo sentido del Sindicato Único de Trabajadores de la Empresa Minera Las Bambas- MMG. Igualmente, un importante grupo de emprendedores y empresarios vinculados a actividades de hospedaje, transporte, restaurantes, comerciantes y lavanderías acaba de pronunciarse exigiendo que el Estado recupere la autoridad y cese el ataque y extorsión de minorías o simples intereses privados –en busca de contratos– que buscan extorsionar a Las Bambas, bloqueando el tránsito de las vías. 

Más tarde se conoció otro pronunciamiento de las comunidades de influencia directa , es decir,  de las comunidades sobre cuyas circunscripciones se desarrollan las actividades mineras de la empresa Las Bambas. En este pronunciamiento se convoca a los pobladores de Chumbivilcas a no dejarse manipular por “los dirigentes y asesores” que impulsan conflictos artificiales con la empresa minera.

Poco a poco, entonces, la mayoría de los apurimeños empieza a reaccionar ante la violencia de ciertas minorías que –desde el inicio de las operaciones de la mina– ha causado más de 400 días de paralizaciones y causa una producción menor de más de 100,000 toneladas métricas de cobre (TMC) cada año. No es de extrañar, pues, que más organizaciones sociales de las siete provincias de la región se pronuncien en el mismo sentido.

Frente al intento de una minoría en Chumbivilcas, que pretende el reconocimiento de zona de influencia directa –pese a estar a 200 kilómetros de la mina–y de algunos en busca de “contratos” con la empresa, la mayoría de apurimeños exige que el Estado declare el estado de emergencia y aplique la ley a los violentistas que bloquean el paso de los camiones que transportan el mineral.

La reacción de la mayoría de apurimeños no es la defensa de un simple proyecto. En realidad, están defendiendo el mayor acontecimiento económico y social en la región, en dos siglos de vida republicana. Una inversión de más de US$ 10,000 millones, que genera más de 8,000 puestos de trabajo y que, en los años de desarrollo de la mina, ha generado 75,000 puestos inducidos. Antes de Las Bambas, la pobreza en los distritos apurimeños se ubicaba por encima del 60% de la población. Hoy se ha reducido a menos del 40%.

Cuando el gobernador regional de Apurímac señala que se está perdiendo el canon minero del 2022 con cada día de paralización no se equivoca. La minería en general ha aportado S/ 40,000 millones en la última década a los gobiernos regionales y locales por concepto de canon. Muy pocos gobernadores han reconocido esta realidad, sobre todo el hecho de que la minería es el pan de los pueblos andinos. El gobernador de Apurímac lo acaba de hacer.

Es hora de que los gobernadores regionales, los alcaldes, las universidades, las comunidades y las poblaciones en general salgan a defender masivamente a la minería, atacada por minorías radicalizadas, ya sea por intereses ideológicos o simples estrategias extorsivas, porque sin esta actividad la lucha contra la pobreza casi no es posible. Y porque sin minería los gobiernos subnacionales se convierten en cascarones sin recursos.

Que las mayorías, entonces, hablen.