Un satélite para educar e integrar al país

El Perú arrastra una brecha digital que golpea con fuerza a quienes viven fuera de las ciudades. Más de 20,000 centros poblados siguen sin acceso a internet y millones de peruanos crecen sin herramientas para aprender y comunicarse. En esas comunidades, la educación depende de cuadernos gastados y libros desactualizados. La compra de un satélite de comunicaciones propio permitiría romper ese aislamiento y llevar servicios digitales básicos a zonas donde la fibra óptica nunca llegará.

La demanda educativa es urgente. Miles de escuelas rurales trabajan sin conexión y los docentes quedan sin materiales recientes ni plataformas de apoyo. Un satélite estatal permitiría enviar contenidos actualizados, clases en vivo y bibliotecas digitales a cualquier aula del país. Los estudiantes podrían participar en proyectos nacionales, acceder a cursos especializados y desarrollar habilidades digitales fundamentales para competir en igualdad de condiciones dentro de un mercado laboral cada vez más exigente.

También sería un impulso directo para los propios maestros. Hoy deben ingeniárselas para preparar clases sin acceso a información confiable. Una red satelital estable permitiría capacitaciones continuas y acompañamiento pedagógico desde cualquier punto del territorio. Los instructores podrían interactuar con especialistas, compartir experiencias y mejorar su trabajo diario. Todo esto elevaría la calidad educativa nacional y reduciría las diferencias entre un niño que estudia en Lima y otro que vive en una comunidad amazónica.

El impacto no se limitaría al aula. La conectividad ampliaría las oportunidades de formación técnica y superior para jóvenes del interior. Muchos desisten de continuar estudiando porque no tienen acceso a cursos virtuales, asesorías o trámites digitales. Con un satélite propio, universidades e institutos podrían ofrecer programas remotos de calidad que no dependan de redes privadas costosas. Esta medida abriría un camino real para que miles de jóvenes estudien sin abandonar sus comunidades.

La brecha digital también afecta el desarrollo económico. Emprendedores rurales no pueden usar herramientas básicas como pasarelas de pago, registros electrónicos o catálogos en línea. Con un satélite las pequeñas iniciativas agrícolas, turísticas o artesanales accederían a mercados más amplios sin intermediarios abusivos. La conectividad permitiría comparar precios, coordinar entregas y crear redes de venta directa. Esto fortalecería la economía local y daría mayor autonomía a las familias.

La integración territorial se vería profundamente reforzada. Muchas comunidades se sienten olvidadas porque no tienen cómo comunicarse con autoridades o instituciones. Una red satelital estatal permitiría trámites en línea, denuncias rápidas, solicitud de servicios y participación ciudadana más activa. Al reducir la necesidad de desplazamientos costosos, se lograría un Estado más presente y confiable para quienes hoy viven lejos de cualquier oficina pública.

Los desastres naturales muestran cada año lo frágil que es la comunicación en el Perú. Cuando un huaico o un sismo destruyen las redes terrestres, las comunidades quedan aisladas durante días. Un satélite propio aseguraría enlaces estables incluso en emergencias. Esto permitiría coordinar evacuaciones, enviar ayuda de forma eficiente y mantener informada a la población. La resiliencia del país mejoraría de manera sustancial y salvaría vidas.

La inversión necesaria ya no es un obstáculo insalvable. El Estado gasta más de cincuenta millones de dólares al año en servicios satelitales privados, muchas veces con tarifas desproporcionadas y resultados limitados. En solo tres o cuatro años, ese gasto cubriría la compra, construcción y operación de un satélite moderno. Con una sola infraestructura nacional se podrían unificar contratos, reducir costos, mejorar la eficiencia y destinar ahorros a programas sociales.

Otros países de la región ya demostraron que esta decisión es viable. Brasil y Argentina desarrollaron sus propios satélites y hoy disfrutan de mayor autonomía tecnológica y menores costos de conectividad. Perú no puede seguir dependiendo de proveedores que priorizan zonas rentables y dejan de lado a quienes más necesitan comunicación. La experiencia regional prueba que la inversión trae beneficios duraderos y genera capacidades internas.

Conectar el país no es un gesto simbólico. Es una herramienta concreta para transformar la educación, integrar territorios y abrir oportunidades reales a millones de peruanos. Un satélite de comunicaciones propio permitiría construir un país donde nacer en la sierra o en la Amazonía no determine el acceso al conocimiento. La conectividad debe ser un derecho, no un privilegio. Es momento de tomar una decisión que impulse un futuro más justo y más unido.