Sector privado y Estado, el debate central en el 2026

El cronograma electoral avanza a toda popa y el optimismo se convierte en una posibilidad. Ahora ya no todo es desesperanza. ¿Por qué? Porque los peruanos evitamos el adelanto electoral y el salto al vacío que proponía el progresismo, sobre todo con el objeto de mantener el control de instituciones claves del Estado de derecho.

Al margen de la vacancia de Dina Boluarte, el cronograma constitucional hacia las elecciones del 2026 se cumplirá de principio a fin. En este contexto, se constata que las instituciones del Estado de derecho están erosionadas, pero siguen de pie. E igualmente, pese al descontrol del déficit fiscal y la tendencia declinante de la inversión privada, el modelo económico mantiene sus principales columnas. Semejante estado de cosas genera la siguiente impresión: si los peruanos eligen bien en el 2026 y organizan buenas representaciones en el Senado y la Cámara de Diputados, el país puede desarrollar ajustes y reformas y volver a crecer a velocidad crucero.

Para superar la última década que hemos perdido –en crecimiento y reducción de pobreza– y elegir bien, de una u otra manera, uno de los ejes de la campaña electoral debería focalizarse en el papel del sector privado y el Estado en la creación de riqueza y reducción de pobreza. No nos cansaremos de repetir la importancia de este crucial asunto.

Por ejemplo, el sector privado hoy aporta el 80% de los ingresos fiscales del Estado, provee el 80% del empleo y representa el 80% de la inversión total. En otras palabras, sin el actual sector privado, considerando el fracaso de los políticos, los intelectuales y el espacio público, el Perú se habría convertido en una sociedad inviable. Inevitablemente habría surgido un Estado fallido.

El sector privado entonces sostiene al Perú en medio del fracaso endémico de la política. Y cuando hablamos del sector privado nos referimos al minoritario sector formal y el mayoritario informal. La izquierda progresista consciente y las corrientes comunistas pretenden señalar que, los problemas del sector formal son diferentes a los del informal. De ninguna manera. Los problemas con las sobrerregulaciones del Estado, con la burocracia, con una burocracia empoderada como en las sociedades soviéticas, en realidad, son los mismos. Sin embargo, existe una diferencia: el sector formal puede pagar los sobrecostos del Estado burocrático, en tanto que las unidades más pequeñas tienden a la informalidad.

Es en ese marco entonces que debería desarrollarse el debate sobre el papel del sector privado y el Estado en la creación de riqueza y la reducción de la pobreza. ¿El Estado crea riqueza? Es evidente que no. Sin embargo, las izquierdas sostienen que el Estado es el más indicado para redistribuir la riqueza debido a que la naturaleza lucrativa de las empresas tiende a la concentración de riqueza y exclusión de las mayorías. El Estado entonces existe para contener “la voracidad de los capitalistas”. Sin mayores debates, de alguna forma, ese es el tipo de concepción que ha movilizado a los políticos en las últimas décadas en la creación de este gigantesco estado burocrático que consume más de un tercio del PBI, de más de US$ 300,000 millones.

Quienes consideran que el sector privado es el único que crea riqueza y reduce pobreza –según toda la historia moderna– por el contrario, sostendrán que el Estado debe estar al servicio de la creación de riqueza. ¿Qué significa asumir una tesis de esta naturaleza? En primer lugar, desarrollar reformas para facilitar la movilización de capitales que generen empleo y reduzcan la pobreza. En otras palabras, el Perú necesita reformas y leyes pro-creación de riqueza, pro-capitalistas, tal como ha sucedido en todas las sociedades que han alcanzado el desarrollo.

En concreto una apuesta de esta naturaleza significa acabar con el Estado burocrático, reducir y racionalizar el Estado y, sobre esa base, aprobar una reforma tributaria que reduzca impuestos y simplifique el sistema de cobro de los mismos. No hay mayor estrategia formalizadora ni mejor manera de aumentar la recaudación tributaria que reduciendo impuestos. Es una ley económica. La ideología lo impide.

De la misma manera se debería hacer una reforma constitucional y legal que establezca la plena flexibilidad laboral en los contratos de trabajo para producir un shock formalizador del empleo.

En cualquier caso, las posiciones sobre este tema crucial deberían definir los grandes alineamientos en el proceso electoral.