¡Ni ampliación del Reinfo ni cambios en el sistema de propiedad minera!

El próximo 31 de diciembre vence el plazo para culminar el proceso de formalización de alrededor de 31,000 inscritos en el Registro de Formalización Integral de Formalización Minera del sector Energía y Minas (Minem). Sin embargo, la anterior administración de Dina Boluarte no avanzó absolutamente nada en la formalización de los pendientes. Se habla de 100 o 200 formalizados de esa enorme cantidad en proceso. ¿Qué hacer en este contexto?

Hoy la responsabilidad de la formalización depende del gobierno central –ya no de los gobiernos regionales, como sucedía antes– y es evidente que se deberá buscar una salida de emergencia para formalizar a los pendientes. Sin embargo, semejante situación de ninguna manera debe significar reincorporar a los más de 50,000 excluidos del Reinfo, porque la mayoría de ellos tenían una suspensión de más de cuatro años y menos del 5% solicitó revisar la exclusión del registro.

En realidad, la mayoría de suspendidos utilizaba el Reinfo como un mecanismo de protección legal: ejercen la minería ilegal pero no se les puede aplicar las sanciones penales porque la pertenencia al registro los exime de los alcances penales. Es decir, el Reinfo se había convertido en la coartada perfecta para asaltar e invadir concesiones formales en donde se invierte y trabaja según la Constitución y las leyes nacionales.

De otro la izquierda colectivista pretende desarrollar una estratagema con el actual debate sobre la continuidad del Reinfo que no debe pasar desapercibida: se pretende aprobar una ley MAPE que modificaría el sistema de propiedad minera estableciendo el falso concepto de “las concesiones ociosas”, con el objeto de legalizar las violaciones de los derechos de propiedad de las concesiones formales en el país. ¡El Perú debe mantenerse alerta ante esta maniobra del colectivismo que podría terminar destruyendo una de las columnas centrales del actual modelo económico!

A estas alturas las cosas han comenzado a aclararse con respecto a los espacios que diferencian a la minería ilegal de los mineros informales en general.  Por ejemplo, los mineros ilegales, principalmente, desarrollan sus actividades en concesiones formales de grandes compañías que luego de años de inversión y exploración han ampliado las reservas probadas de mineral, no solo para la empresa sino para el Perú y las regiones. Asimismo, la minería ilegal se desarrolla en parques ecológicos y zonas reservadas de estas actividades. Las cosas entonces están definidas con respecto a la minería ilegal que se desarrolla en la provincia de Pataz (en La Libertad) y el llamado Corredor Minero, en el sur del país. Únicamente resta aplicar la Constitución, la ley y el ejercicio de la fuerza pública.

Por otro lado, los mineros informales que desarrollan sus actividades sin las autorizaciones ni permisos administrativos correspondientes suelen trabajar en pequeñas concesiones mineras que desarrollan poca actividad en cuanto a inversiones. Se calcula que, en este tipo de concesiones, existen alrededor de 20,000 informales y la mayoría de los propietarios de concesiones ha accedido a firmar contratos que legalizan y formalizan la actividad. 

Como se aprecia una ampliación general del Reinfo y el intento de aprobar una ley MAPE que modifique el sistema de propiedad de la minería nacional solo es una estrategia de “la gran minería ilegal” que suele utilizar a los pequeños mineros ilegales para seguir destruyendo el Estado de derecho en el país.

¡A mantenerse alertas entonces, sobre todo en el Legislativo!