La larga y feroz lucha contra el déficit fiscal en el Perú

El gobierno de José Jerí acaba de publicar un Decreto Supremo que establece un ahorro fiscal de S/ 1,200 millones en medio del desastre fiscal que ha causado la izquierda en el Perú. Es evidente que se trata de una medida que busca frenar el deterioro, pero existe un forado fiscal que amenaza los grados de inversión obtenidos por el Perú y puede incrementar peligrosamente la deuda pública.

En esta peligrosa tendencia tienen enorme responsabilidad el gobierno de Pedro Castillo, la administración de Dina Boluarte y el Legislativo, que ha aprobado decenas de leyes que nos han empujado a la actual crisis fiscal. Sin embargo, existe un problema estructural en el déficit que algunos sectores pretenden negar: el surgimiento de uno de los estados burocráticos más destructivos de la región que, con sus ministerios, oficinas y sobrerregulaciones, asfixia a la sociedad, a los ciudadanos y al sector privado.

En este contexto, a las medidas de emergencia para enfrentar el déficit se debe sumar un proyecto de reforma estructural que reduzca el gasto del Estado. En el país el gobierno central, las regiones, los municipios y empresas públicas consumen alrededor de un tercio del PBI nacional de más de US$ 300,000 millones. Se necesita al menos eliminar una tercera parte de ese gasto a través de una reforma del Estado que implica reducir ministerios, oficinas y podar todas las sobrerregulaciones innecesarias del aparato estatal. De lo contrario será imposible trasladar recursos del Estado burocrático al sector privado para multiplicar las inversiones y las reinversiones, e incrementar la recaudación, tal como lo vimos en la discusión de la reciente ley de promoción agraria.

El Perú avanza por tercer año consecutivo a incumplir la regla fiscal establecida: Se calcula que hoy el déficit sobrepasa el 3.3% cuando la meta es 2.2%. Por ejemplo, el 2023 se proyectó un déficit de 2.4% del PBI, pero cerramos con un forado del 2.8%. Igualmente, el 2024 se proyectó un déficit de 2%. Más tarde el Ejecutivo aumentó la proyección a 2.8, pero se terminó el año con 3.6, el más alto luego de las reformas económicas de los noventa. 

El Perú entonces avanza a otro año sin control fiscal, no obstante que antes de la pandemia el país era un ejemplo mundial con promedios de déficit de 1%. Así sucede en todos lados cuando la izquierda en todas sus versiones llega al poder.

El déficit fiscal crea una trampa ideológica en la que las urgencias del desorden fiscal impulsan a la sociedad y a los políticos a aumentar impuestos porque, supuestamente, las empresas se niegan a pagar impuestos. De esa trampa el Perú debe salir. El sector privado aporta el 80% de los ingresos fiscales, y si no hay más recursos es porque el Estado burocrático con sus sobrecostos crea una economía formal de minorías y una informalidad de mayorías.

En lo inmediato necesitamos alentar que el gobierno de José Jerí observe las leyes con impacto fiscal que provienen del Congreso y presente acciones de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional en resguardo de la estabilidad. Asimismo, necesitamos medidas de austeridad radicales hasta el cambio de gobierno. 

Sin embargo, con la nueva administración del 2026, para acabar con la amenaza del desorden fiscal es urgente acabar con el Estado burocrático: reducir la totalidad de ministerios a la mitad y eliminar oficinas y sobrerregulaciones hasta el límite. Y, por supuesto, acabar con la empoderada burocracia.

Una reforma orientada en ese sentido será la única transformación que acabará con cualquier crisis fiscal y posibilitará una reforma tributaria para bajar impuestos y trasladar recursos al sector privado.