El fracaso de la descentralización: la educación sin infraestructuras

En un artículo publicado en el diario Perú 21, Fernando Barrios, presidente de la Federación de Instituciones Privadas del Perú, presenta cifras alarmantes sobre la inversión pública en educación y el cierre de las brechas de infraestructura. Se invierte más, pero las deficiencias aumentan. Barrios señala, por ejemplo, que en el 2014 las brechas en infraestructuras educativas sumaban S/ 77,000 millones; sin embargo, una década después la brecha supera los S/ 158,000 millones. Paralelamente el presupuesto del sector Educación se incrementó de S/ 18,400 millones en el 2012 a cerca de S/ 49,000 millones. En otras palabras, el gasto largamente se ha duplicado y la brecha ha aumentado en la misma proporción.

¿Cómo se puede entender semejante resultado? Barrios agrega, por ejemplo, que en el 2012 el 39% de los colegios tenían agua, luz y saneamiento. Sin embargo, en el 2023 solo el 29% de las escuelas tenían estos servicios. ¿Cómo entender semejante retroceso? A nuestro entender la única explicación reside en el Estado burocrático que ha surgido en las últimas décadas y que –a través del gobierno, los gobiernos regionales y municipios– ha multiplicado las dependencias, oficinas y las sobrerregulaciones de tal manera que se bloquean las inversiones y se fomenta la informalidad. Y por supuesto, también la corrupción.

Una de las explicaciones del despropósito del Estado burocrático es el actual proceso de descentralización y regionalización. Vale señalar que, de cada tres soles de inversión pública, dos se gastan a través de los gobiernos descentralizados.

Las cifras que se presentan en el artículo de Barrios se repiten en todas las aproximaciones a la descentralización. Por ejemplo, en el Plan Nacional de Competitividad del 2019 se estableció que los déficits en infraestructuras básicas –es decir, en agua, desagüe, escuelas, postas médicas y carreteras– sumaba más de S/ 117,000 millones. No obstante, entre el 2019 y el 2023 se gastaron más de S/ 195,000 millones. El Estado invirtió en alrededor del 160% de la brecha establecida, pero la carencia de la ciudadanía siguió aumentando. Por ejemplo, en agua y desagüe se devengó más del 80% de la brecha, pero el déficit aumentó en 1%. Igualmente, el 96% de los centros educativos y el 97% de las postas médicas estaban en estado precario. Un eufemismo utilizado para señalar que tenían deficiencias en agua, desagüe y electricidad. Asimismo, el 85% de la red vial no está pavimentada.

Es incuestionable, pues, que el Estado multiplica el gasto en infraestructuras básicas, pero la brecha sigue aumentando. La única explicación: se gasta mal sin criterios técnicos o la inversión pública descentralizada se ha convertido en una peligrosa fuente de irregularidades y corrupción.

El Estado burocrático, pues, debe ser sentado en el banquillo de los acusados en el desarrollo de la presente campaña electoral hacia el 2026. Sin embargo, el proceso de descentralización debería tener una atención especial por la manera como se dilapidan los recursos públicos.

En este rubro debería haber una urgente reforma legal del sistema de gasto público. Por ejemplo, todos los proyectos de escuelas en una región deberían ser estandarizados en cuanto equipamiento, la calidad del material en la construcción, servicios e incluso los laboratorios. De esta manera los proyectos en las decenas y centenas de colegios en una región deberían ser empaquetados en un solo proyecto, con precios, calidad y gasto estandarizados. Sobre esta base deberían licitarse a nivel nacional por el gobierno central. Así Puno tendría centenas de colegios de primera calidad, y algo parecido podría suceder en cuanto a postas médicas, sistemas de agua, desagüe y la construcción y pavimentación de las carreteras.

Las grandes empresas, fiscalizadas por los organismos de control nacional, deberían desarrollar la inversión y construcción de todos los colegios de una determinada región; en vez de las pequeñas empresas allegadas a las autoridades de los gobiernos regionales. Con esa metodología se optimizaría el gasto público en el cierre de brechas.

En cualquier caso, una pequeña reforma frente a la urgencia de una reforma integral de todo el proceso de descentralización, que ha contribuido a expandir la burocracia y la sobrerregulación en contra de los intereses de la ciudadanía en las regiones.