El corto, mediano y largo plazo, y la salvación del modelo

Luego de la tragedia nacional que desató el Gobierno de Pedro Castillo, si los políticos del Ejecutivo, del Congreso y del espacio público no entienden qué significa la defensa del modelo económico –basada en la desregulación de mercados y la inversión privada–, entonces nadie ha aprendido nada. Si bien los sectores comunistas y colectivistas tenían diferencias, todos ellos convergían en el objetivo de destruir el régimen económico consagrado en la Constitución de 1993 como paso necesario para instalar una constituyente. Si no lograron quebrar el Estado de derecho y redactar una nueva Carta Política principalmente se explica por la resistencia de la economía, las clases medias y los mercados emergentes.

Por todas estas consideraciones, quienes pretenden preservar la Constitución y el Estado de derecho están obligados a defender el modelo económico consagrado en la Constitución, que desregula mercados, precios y el comercio exterior; que prohíbe el Estado empresario, establece el respeto irrestricto de los contratos y consagra la autonomía del Banco Central de Reserva.

En este contexto, ¿qué se debería hacer para salvar el modelo? En el corto plazo, necesitamos recuperar la autoridad del Estado como la instancia que redistribuye la riqueza que crean las empresas y el sector privado, mediante el pago de los impuestos. Si la riqueza de los mercados no se redistribuye a través de inversiones y obras de prevención, mediante la construcción de carreteras, escuelas, postas médicas, sistemas de agua y desagüe, electricidad, etcétera, los sectores comunistas agitarán la consigna acerca de que todos los fracasos del Estado se derivan de la naturaleza del modelo neoliberal. 

En este contexto, el Estado necesita prevenir y reconstruir con urgencia para evitar que las poblaciones vuelvan a ser devastadas por lluvias y huaicos ante un eventual Niño en los próximos seis meses. Se necesita una legislación de emergencia –sin relajar los sistemas de control del gasto público– que posibilite al Estado superar las sobrerregulaciones y las ineficiencias de la regionalización para descolmatar ríos, construir drenajes y defensas ribereñas y reubicar a las poblaciones vulnerables ante quebradas que se activan con las lluvias. El plan de corto plazo debe ir de la mano con la planificación de inversiones de largo aliento.

Asimismo, salvar el modelo económico significa que el Estado sea capaz de liderar una especie de Plan Marshall (plan de inversiones) para el sur del país, de manera que se superen las trabas del Estado y las negligencias e ineficiencias de las regiones. Masivas inversiones en agua potable y desagüe, postas médicas, colegios y carreteras deberían ser los objetivos.

Sin embargo, en el mediano y largo plazo salvar el modelo económico que ha permitido triplicar el PBI y reducir pobreza del 60% de la población a 20%, a nuestro entender, significa acabar con la metástasis de la sobrerregulación de procedimientos que convierte al Estado en enemigo del ciudadano, de la sociedad, de los sectores emergentes y del sector privado. 

Por ejemplo, en el Perú existen cuatro sistemas tributarios que deberían ser unificados en uno solo, con tasas impositivas bajas que promuevan la formalización de cerca del 70% de la economía en informalidad. Igualmente, la legislación laboral debería ser reformada mediante la flexibilización de los contratos laborales, de manera que se pueda atraer a formalidad a más de 80% de las pequeñas unidades que proveen más del 80% del empleo en el país. En cualquier caso, impulsar la simplificación de procedimientos es una tarea de vida o muerte si queremos reformar el Estado y convertirlo en amigo de los emprendimientos ciudadanos y la iniciativa privada.

Finalmente, nunca emergerá un nuevo Estado en el Perú si no somos capaces de superar las ineficiencias, negligencias y corrupción de los gobiernos regionales. En otras palabras, si no cambiamos el actual Estado que no reconstruye, que no entrega servicios y que pretende seguir cobrando impuestos, los comunistas, colectivistas y progresistas –que suelen conducir el Estado– seguirán propagandizando que el fracaso estatal es consecuencia del modelo y de la explotación del sector privado, no obstante que el régimen económico actual ha reducido la pobreza como nunca en la historia del Perú.