¡El cerco ideológico contra la ley de promoción agraria!

La decisión del Congreso de devolver a comisiones el proyecto de una nueva ley de promoción agraria revela que las bancadas legislativas están atrapadas en un cerco ideológico en contra de la inversión privada. Y con extrema rapidez, las izquierdas pueden pasar a la ofensiva con sus relatos y fábulas en contra del papel de la inversión en la generación de empleo.

¿Qué otra explicación puede haber para semejante decisión cuando ya se había avanzado en el dictamen para aprobar un régimen tributario promocional que garantizaba un shock de formalización en el agro y un relanzamiento de inversiones y reinversiones en el sector? El argumento de la izquierda acerca de que “un pequeño grupo de empresarios burgueses” pretendía sacar ventaja parece haberse impuesto en la mayoría legislativa. ¿Cómo se puede llegar a esta conclusión si la iniciativa propone que los pequeños agricultores que vendan hasta S/ 154,300 (30 UIT) no paguen impuestos y las unidades que comercialicen hasta S/ 721,000 (110 UIT) paguen el 1% en renta? Con estas medidas promocionales es evidente que los más de dos millones de minifundistas, que poseen cada uno menos de cinco hectáreas y que conducen el 95% de las tierras dedicadas a la agricultura, iban a tener enormes posibilidades de formalización si el Estado garantizaba la entrega de títulos de propiedad, promovía estrategias asociativas y desarrollaba las infraestructuras hídricas necesarias.

Sin embargo, es evidente que solo con estas medidas no se garantizará la formalización y el aumento de la productividad de los minifundistas. El agro nacional necesita una gran inyección de capitales y tecnologías para expandir la frontera agrícola moderna, superar la pobreza y crear clases medias agrarias que le cambien el rostro a nuestra sociedad. En la actualidad solo el 5% de las tierras agrícolas cuenta con capitales, tecnologías y una alta productividad. Sin embargo, en ese espacio reducido de tierras las empresas modernas han promovido cadenas agroexportadoras con los pequeños agricultores. Hoy del total de empresas agroexportadoras el 80% corresponde a pequeñas unidades.

No obstante, desde la derogatoria de la Ley de Promoción Agraria (Ley 27360, que establecía regímenes tributarios y laborales promocionales) se han dejado de invertir en más de 30,000 nuevas hectáreas ganadas al desierto (la agricultura moderna se desarrolla en cerca de 250,000 hectáreas) y no existe la reinversión bajo la vigencia de la norma derogada.

Por esas consideraciones el proyecto de dictamen de nueva ley de promoción agraria establecía un régimen general de renta de 15% entre el 2025 y el 2035 con el objeto de convocar nuevos capitales y promover la reinversión de utilidades de las empresas. Asimismo, proponía créditos tributarios por investigaciones, compras de maquinarias, desarrollo tecnológico y capacitación. Igualmente se planteaba devolución anticipada de IGV y depreciación acelerada.

Es evidente, pues, que la única explicación de la mayoría legislativa, que no se atrevió a aprobar el régimen promocional tributario propuesto, es el cerco ideológico que han construido las izquierdas en contra de la inversión privada, el único factor que permite crear riqueza, generar empleo y superar la pobreza. En el desarrollo de su estrategia de poder las izquierdas necesitan perpetuar la pobreza o aumentar el número de pobres, objetivos que se convierten en enemigos mortales de la inversión privada y los círculos virtuosos que se generan.

Por todas estas consideraciones, las bancadas legislativas del Congreso que cumplieron un papel decisivo en contra del golpe fallido de Pedro Castillo deberían recordar que la mejor manera de enfrentar la estrategia de poder de las izquierdas anticapitalistas es reduciendo la pobreza. Y la única manera de hacerlo es promoviendo la inversión privada, sobre todo en el agro.