Arbitrajes en contrataciones: mal endémico del Estado peruano

El Estado peruano, a todo nivel –gobierno nacional, gobiernos regionales y gobiernos locales– es un asiduo concurrente a procesos arbitrales. La presencia de controversias entre entidades del Estado y empresas contratistas o concesionarias es una realidad inevitable, lo importante es que no sea una práctica recurrente que mantenga a funcionarios del aparato público ocupados en estos menesteres, en lugar de ser promotores de obras; y a sus dependencias gastando dinero en estudios de abogados, peritos, tribunales y centros de arbitraje. 

Los orígenes de las controversias son diversos. En primer lugar, los temores de funcionarios a tomar decisiones, y que prefieren que un tribunal les ordene; en estos casos tiene mucho que ver la actitud de la Contraloría General de la República, de ser suspicaz a tiempo completo en lugar de racional. Se suman las fallas de los funcionarios en sus gestiones –fallas que no quieren reconocer, y por eso dejan que los arbitrajes decidan–, contratos mal elaborados y deficiencias en los expedientes técnicos, que tienen como correlato discusiones sobre costos. 

Al más alto nivel, se tienen los casos de Proinversión y de concedentes estatales, en los que hay mucho por enmendar; sobre todo en lo que se refieren a contratos de “asociaciones público-privadas” (APP). Ahí la principal falencia que identifico es la cuantificación de la inversión: el problema allí es el nivel de ingeniería utilizada, de ella depende el margen de error de la cuantía del costo constructivo.

Una referencia para estar claros en la relación avance de ingeniería y margen de error en costos son las publicaciones de la AACE International (Association for the Advancement of Cost Engineering International), institución con 69 años de existencia y presencia en 87 países. Proinversión usualmente utiliza ingeniería a nivel de prefactibilidad. La AACE la denomina de estimado Clase 4, en la que el nivel de error puede llegar hasta el 50%.

Con lo mencionado, una obra por cada 1,000 millones de dólares (MMUS$) de costo estimado, podría incrementarse hasta 1,500 MMUS$. Imagínense un proyecto como la Línea 2 del Metro que se otorgó con un costo de 5,658 MMUS$, podría terminar costando 8,487 MMUS$. Hasta el momento ya han demandado arbitralmente al Estado ante el CIADI en tres oportunidades, habiéndolas ganado todas las concesionarias.

Perú se ha convertido en un demandado frecuente en el CIADI. Más de 50 casos se han presentado por parte de empresas que tienen relación contractual con empresas privadas. En APP tenemos tremendo historial, no solo la Línea 2 del Metro, también el Aeropuerto de Chinchero, la Red Dorsal de Fibra Óptica, el Tratamiento de Aguas Residuales del Lago Titicaca, APM Terminal por el puerto del Callao, entre otros. 

Hay señales inequívocas de que en APP no se está trabajando correctamente. Antes de lanzar los procesos tiene que hacerse un nivel de ingeniería mayor, por lo menos a nivel de factibilidad, que según AACE es de Clase 3, con margen de error de hasta 30%. 

La enmienda para tener mejores estimados de costos pasa por dos niveles: en Proinversión que tienen que entender que la ingeniería es importante; y en el Ejecutivo, la Presidencia de la República debe ser consciente de que acelerar la entrega de concesiones para exhibirlas como logro de gobierno no es suficiente. La prolijidad en las cifras resulta indispensable. 

Los partidos en pugna por la Presidencia y el Congreso deben ir pensando en cuadros técnicos que entiendan debidamente el problema y sepan cómo  enmendarlo. Es una lástima que la agenda mediática esté cubierta por temas judiciales, pasando a segundo plano el debate sobre cómo mejorar el desarrollo de obras públicas y APP.