El tamaño del Estado en el Perú es enorme para u...
En una reciente entrevista el ministro de Energía y Minas (Minem), Jorge Montero, sostiene posiciones que desmoralizan a cualquier peruano de buena voluntad que apuesta por la defensa del Estado de derecho, el desarrollo de la inversión minera formal como uno de los motores principales de reducción de pobreza. Sin mayores problemas, sin mayor análisis, el titular de Energía anuncia que se prorrogará el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) porque no están dadas las condiciones para cambiar el curso de formalización minera. Del fracaso de la formalización, se debería precisar.
El ministro Montero señala que se debe prorrogar el Reinfo porque no está listo el “nuevo sistema interoperable de formalización minera” que, supuestamente, debería formar parte del reemplazo del registro vigente. Según el titular del Minem el nuevo sistema pretende desarrollar un sistema de formalización con incentivos: que el pequeño minero se conecte con el sistema financiero y acceda a créditos, compre maquinaria y tecnología y cuente con una empresa privada formal con todos los beneficios que esa condición conlleva.
Sin embargo, considerando que –luego de la guerra comercial en el mundo– diversos sectores del mundo financiero se refugian en el oro ante la desconfianza en el dólar y los bonos del Tesoro de los Estados Unidos, situación que ha disparado la onza de oro sobre los US$ 3,500 y se anuncia que en el 2026 podría llegar a US$ 4,000; considerando también que la libra del cobre puede llegar a los US$ 5; es decir récords históricos de precios, ¿a quién se le ocurre que los incentivos del titular del Minem van a convocar a los informales si es que el Estado de derecho no recupera el principio de autoridad?
Todos los anuncios del ministro Montero con respecto a la formalización con incentivos suenan a rendición ante los hechos y frente a las presiones de la minería ilegal; todo suena a capitulación o a evitar las papas calientes en las manos si es que no menciona, por ejemplo, el avance aterrador de la minería ilegal en la provincia de Pataz, en La Libertad. El año pasado en esa zona se movilizaron alrededor de 12,000 volquetes que transportaban el mineral ilegal a las plantas de beneficio no obstante el Estado de emergencia. Igualmente, todo suena a evasión del problema si es que no se menciona que en el corredor vial del sur –donde se produce cerca del 40% del cobre nacional– se movilizan cerca de 300 volquetes diarios que transportan el mineral ilegal ante la indiferencia de las instituciones del Estado.
Para que los mineros informales se vean incentivados a formalizarse se necesita recuperar el principio de autoridad del Estado de derecho y la vigencia de la Constitución y la ley en las zonas mineras. Hasta hoy eso no ha sido posible porque el Reinfo ha funcionado como un escudo contra los mineros ilegales que tramitan de manera indefinida su formalización: exime de las responsabilidades penales. De esta manera un ilegal que desarrolla actividad en una concesión formal está exceptuado de la acción penal porque “tramita su formalización” ante un Reinfo que no funciona. Las cifras del fracaso de este registro son alarmantes: Durante 22 años de vigencia de este sistema de un total de 87,082 inscritos apenas 11,101 se formalizaron mientras el 83% del total están en condición de suspendidos.
En las declaraciones del titular del Minem se advierte la intención de empujar el problema hacia el nuevo gobierno y, por otro lado, los partidos políticos ya ingresaron a la campaña electoral en busca de votos y adhesiones por lo que es complicado abordar el problema. En este contexto, la próxima administración enfrentará un problema multiplicado por varias veces y tendrá que ejercer la autoridad plena que le otorga la Constitución para salvar a la sociedad del avance de la minería ilegal.
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