El Congreso y el Ejecutivo no pueden tolerar la minería ilegal

La Comisión de Energía y Minas ha aprobado la ampliación del plazo del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) hasta el 2027 y ha dejado abierta la posibilidad de reincorporación de más de 50,000 excluidos del señalado registro, que acumulaban más de cuatro años de suspensiones, de los cuales menos del 2% solicitó su reincorporación al Reinfo. 

Una de las cosas más graves en el mencionado dictamen es que no se continúan con las prohibiciones que existían para el Reinfo. Por ejemplo, la expresa prohibición para quienes tengan sentencia firme por minería ilegal y lavado de activos, según lo establece el Decreto Legislativo Nº 1106 y sus modificatorias. Tampoco se prosiguen con las prohibiciones para quienes realicen actividades mineras en zonas arqueológicas, áreas naturales protegidas y otros lugares con protección especial. Tampoco se mantienen las prohibiciones para quienes desarrollen minería en áreas de proyectos mineros adjudicados o en proceso de promoción de la inversión privada, según listado oficial del sector Energía y Minas y Proinversión.

Si el pleno del Legislativo aprobara semejante proyecto, de una u otra manera, se afectaría de gravedad el sistema de propiedad de minería en el país que, en las últimas tres décadas le ha permitido al Perú convertirse en una potencia minera mundial. Nuestro país disputa los primeros lugares en la producción de minerales con Canadá, Australia y Chile gracias a la actual legislación.

¿Por qué se heriría de gravedad a la minería moderna? Por la sencilla razón de que los principales conflictos con la minería ilegal se focalizan en concesiones formales emplazadas en el llamado corredor minero del sur –en donde se produce aproximadamente el 40% de la producción de cobre nacional– y en la provincia de Pataz, en La Libertad. La minería ilegal de oro y cobre comienza a convertirse en una de las peores amenazas a la minería formal porque se asaltan e invaden concesiones con reservas probadas en minerales, resultados de años de exploración e inversiones de millones de dólares.

La minería ilegal en parques y zonas reservadas y en las concesiones de pequeños propietarios no tiene el nivel de conflictividad y enfrentamiento que produce el asalto y robo de la propiedad de las concesiones de la minería moderna.

El argumento de los invasores y de los sectores que pretenden organizar un discurso social de las actividades ilegales en minería es que las concesiones que no se explotan son “concesiones ociosas”. Una mentira de principio a fin. Todas las concesiones formales tienen extensiones que, en promedio, superan las 10,000 hectáreas porque el modelo de negocio de estas empresas se basa en lo siguiente: en un área se extrae, se explota el mineral, mientras que en el resto de la concesión se explora incesantemente para ampliar la vida útil de la mina e incrementar la rentabilidad del proyecto, sobre todo luego de pagar los créditos contraídos con el sistema financiero internacional.

Si se ampliará el Reinfo hasta el 2027 y se posibilitará el regreso de los 50,000 excluidos, en la práctica, se estaría legalizando la estrategia de quienes se inscriben en este registro para conseguir exoneración de las sanciones penales que establece la ley para la actividad de minería ilegal. De esta manera el Reinfo se convierte en la coartada perfecta de los mineros ilegales que invaden y asaltan las concesiones formales de la minería nacional.

De alguna manera las principales empresas que producen el cobre nacional y otras empresas mineras de oro de enorme importancia padecen la invasión de zonas con reservas probadas de mineral. Supuestamente comunidades y mineros artesanales invaden reclamando justicia y mayores oportunidades económicas. Sin embargo, detrás de este supuesto rostro social de la minería ilegal siempre existen acopiadores que sirven a medianas empresas que exportan y se rentabilizan violando todo el sistema de derechos de propiedad. El cobre y el oro ilegal no se pueden exportar sin intermediarios que formalizan la producción ilegal en el extranjero.

Si el Congreso aprueba la ampliación del Reinfo entonces no solo se estará quebrando el sistema de propiedad de la minería, sino que se habrá establecido carta blanca para la violación de todos los derechos de la propiedad que protegen la Constitución y las leyes nacionales.