¡Defendamos Ley de Promoción Agraria de proyectos populistas!

Una de las recesiones más graves del planeta es el escenario sobre el cual prosperan fórmulas populistas que, de concretarse, desmoronarían –ladrillo por ladrillo– el modelo económico que nos permitió triplicar el PBI, reducir pobreza (del 60% de la población a solo 20%) y convertir al Perú en una sociedad de ingreso medio, hasta antes de la pandemia. Allí están las guerras entre el Ejecutivo y el Legislativo acerca de qué poder del Estado es más dadivoso con los retiros de la AFP, el control indirecto de precios de pensiones educativas establecido por el Ejecutivo, el amague del Gobierno sobre una estatización de las clínicas privadas, las propuestas para regular los precios de las medicinas y la aprobación en las comisiones del Congreso del congelamiento de obligaciones e intereses bancarios.

Pero las cosas no quedan allí. Las fórmulas populistas se multiplican como hierba mala. El objetivo: destruir al sector privado, alentando ilusiones en la población desesperada. Por ejemplo, el proyecto de ley N° 5314 propone incrementar la remuneración diaria del trabajador agrario formal –establecida en la Ley de Promoción Agraria (Ley N° 27360)– de S/ 39.19 a S/ 59.40. En otras palabras, en el campo se aumentaría la Remuneración Mínima Vital (RMV) de S/ 930 a S/ 1410. ¿Cuál sería el efecto inmediato de esta propuesta en el sector agroexportador? Un aumento general de la informalidad, sobre todo considerando que la agroexportación reúne a más de 8,300 empresas, de las cuales el 80% son pequeñas empresas. Vale destacar que los empleos formales creados bajo la Ley N° 27360 entre el 2004 y el 2017 aumentaron de 130,000 a 250,000; y que la tasa de formalidad laboral en la agroexportación subió de 16% en el 2004 a 25% en el 2017. ¿Cómo entonces se puede proponer fórmulas colectivistas para un sector que reduce pobreza y crea formalidad? ¡Increíble!

El argumento para proponer el aumento de la RMV agraria es típicamente populista: Se plantea crear un “bono de producción”, en base a la tasa de 3.5% del promedio anual de crecimiento del sector en los últimos 20 años. Algunos congresistas creen que la productividad de la economía depende de una ley o de un milagro divino. En regiones como Ica –donde existe pleno empleo por la Ley N° 27360– los salarios sobrepasan los S/ 1400 mensuales porque la calificación de los trabajadores produce un “bono de producción” en base a la alta productividad real. La ley populista solo creará informalidad y pobreza al establecer salarios fuera de la productividad de las empresas, que varía de acuerdo a las regiones y desarrollos.

Pero eso no es todo. Existe el proyecto de ley N° 5615, que pretende crear un régimen especial de pensiones para los agricultores, que sería administrado por la ONP; y en caso de no existir vínculo laboral, se descontaría un porcentaje del valor de venta del agricultor y una cantidad determinada por tonelada exportada de las empresas agroexportadoras. El tufillo estatista, colectivista, sigue animando a estas propuestas. Si existe el sistema privado de pensiones y la ONP estatal, ¿por qué se pretende crear un sistema previsional propio? De otro lado, si las empresas aportan al sistema de las AFP y la ONP para la pensión de los trabajadores, ¿por qué las agroexportadoras deben seguir pagando una cantidad por tonelada exportada? ¡Basta ya de estatizaciones asolapadas! ¡La Constitución no lo permite!

¿Qué hay detrás de estos proyectos? A nuestro entender, las corrientes comunistas y colectivistas han puesto en la mira a todos los sectores de la economía que, en los últimos 30 años, han convocado inversiones intensas en capital y han desarrollado crecimiento y reducción de pobreza. Las agroexportaciones se han incrementado de US$ 643 millones en el 2000 a US$ 7,000 millones en el 2018. Este año se pronostica que se llegará a exportar US$ 8,0000 millones. 

Semejantes logros se alcanzan en medio de una intensa competencia con países de todos los continentes, con el avance de la pandemia y con una feroz recesión. Mientras países como Colombia copian nuestras leyes de promoción agraria y nuestro sistema laboral –basado en la flexibilidad para contratar– con objeto de atraer y convocar inversiones, un sector de congresistas pretende restarle productividad y competitividad a un sector que reduce pobreza y explica el boom económico y social de muchas regiones. ¿Cómo se puede calificar a esta actitud en contra de la patria y de los pobres del Perú?