¿Dina Boluarte en sus horas más oscuras?

Voces opositoras piden la salida del presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén. Antes, la salida del exministro del Interior, Juan José Santiváñez, no significó gran cosa contra la criminalidad. Preguntamos: ¿Cuánta responsabilidad es compartida por la oposición que, en lugar de cerrar filas contra la inseguridad ciudadana, socava la labor -pobre e ineficiente- de la mandataria? Veamos.

La gestión de Boluarte comenzó sin tregua. Sus electores la veían como traidora. Dejó de lado el ideario de Perú Libre. Los "técnicos" de la progresía no fueron convocados. El nombramiento del conservador exministro de Educación, Óscar Becerra, sacaba roncha a la oposición formada. El escenario empeoró con Santiváñez, abiertamente contrario al izquierdismo. En el Congreso de la República, las fuerzas democráticas cerraron filas alrededor de la gobernabilidad. La progresía, la que se cree digna y lúcida, al perder espacios, le declara la guerra a Boluarte teniendo como principal y poderosa arma a ciertos medios de comunicación. La gente informada sabe. Un repaso no está demás.

Boluarte no es política. No sabe de consensos y acuerdos, menos todavía mira hacia adelante para prevenir adversidades. ¿Su fracaso estaba cantado? ¿Había que sostenerla para evitar mayor colapso social y económico, el objetivo de los comunistas? En este contexto de guerra política, no son resueltos los problemas, siendo el principal la violencia criminal.

Las primeras noticias sobre los hechos en la mina Poderosa son inexactas. Por las circunstancias, la minera concesiona las operaciones. Los trabajadores de los subcontratistas no tienen vínculo laboral con Poderosa. Asimismo, esas subcontratas contratan sus operaciones y servicios de seguridad; es decir, en la zona pulula un número indeterminado de trabajadores no identificados cabalmente y desvinculados entre sí. Con esta alta rotación de gente que viene y va, la seguridad no puede estar garantizada.

No se dice que la minería ilegal existió, existe y existirá con o sin Reinfo o MAPE. El Estado peruano no tiene la capacidad de estar presente en todo momento en lugares recónditos e inaccesibles. Peor todavía en sitios "liberados" por el narcotráfico y senderismo. Los mineros ilegales vestidos de mineros artesanales reclaman los denuncios mineros aduciendo ser suyos, desde sus ancestros. Esos mineros, ¿han sido sobrepasados por los criminales nacionales y extranjeros o surgen de la misma mata del senderismo y narcotráfico? ¿Aprendieron de los terroristas a matar sin compasión?

Tampoco se dice que esta nueva minería artesanal o ilegal fue promovida por Gregorio Santos y Pedro Castillo. El plan de fraguar los resultados de las elecciones 2021 iba de la mano con la apropiación de los recursos minerales con el fin de contar con una base política dura, de sur a norte.

Los ataques criminales no son coincidencias. Obedecen a un plan de destrucción de la moral ciudadana. Extorsionan a los pobres e indefensos por ser mayoría. Por ellos, surgiría el descontento popular materializado en un "desborde popular". Si pues, el descontento es legítimo pero nos lleva hacia la trampa. La desestabilización es un proceso que comenzó después de la victoria del país contra el terrorismo. Debilita las instituciones. Ataca a las fuerzas del orden. Con un Estado débil y acosado permanentemente se alejan las posibilidades de resolver los males nacionales. La atomización de la representación parlamentaria, por los numerosos partidos políticos, impide acuerdos y reconciliaciones.

Boluarte es un accidente político, pero presidenta constitucional. Una oposición irresponsable no considera la grave situación actual heredada. En lugar de cerrar filas contra el enemigo principal, le entrega municiones para destrozarnos. La mano dura que la población exige contra la inseguridad nunca llegará si las voces de los opositores confunden a las desconcertadas gentes.