Un voto responsable como sanción a las firmas falsas

Hace unos días un reportaje de investigación destapó un escándalo que involucra seriamente a los organismos electorales y buena parte de los partidos políticos que participarán de las elecciones generales del 2026: se develó que estas organizaciones políticas habrían acudido a “fábricas” de firmas fraudulentas para poder inscribirse en el Registro de Organizaciones Políticas del JNE, sin que a lo largo del proceso de inscripción se haya identificado este fraude.

Como se recuerda, esta no es la primera vez que se detecta un problema de este tipo: en el 2000, el diario El Comercio denunció el uso de un millón de firmas falsas para la inscripción del partido Perú 2000. Asimismo, en el 2006 se abrió un proceso penal contra el ex presidente Toledo por la presencia de firmas falsas para la inscripción del partido Perú Posible. Sin embargo, no solo todos los implicados en estos casos resultaron libres de polvo y paja, sino que tampoco se instauraron las medidas necesarias para prevenir este tipo de hechos.

Al respecto, diversos medios vienen resaltando los informes presentados por la Contraloría General de la República ante el JNE en setiembre del 2024 y abril de este año, los cuales incidieron en la ausencia de controles adecuados en la afiliación y verificación de firmas por parte de dicha entidad, señalando el riesgo de que se presenten firmas falsas, como efectivamente ocurrió. Sin embargo, ni los informes ni sus recomendaciones habrían sido tomadas en cuenta por el JNE, como aplicar pericias grafotécnicas o multar a aquellos partidos que presentasen información falsa.

Resultado de ello es un escenario fraudulento que va creciendo día a día, más si un reportaje de un programa dominical hizo referencia a solo un partido –Primero La Gente– y a unas 6,000 firmas falsas, que en los siguientes días se conoció que esta práctica habría sido llevada a cabo por 32 de las 43 agrupaciones actualmente inscritas en el JNE, sumando un aproximado de 300,000 las firmas que fueron observadas por la Reniec entre los años 2021 a 2025, resaltando que en 11 casos se habría detectado indicios graves de fraude. A ello se suma la vulneración de la base de datos de la Reniec, cuyas implicancias están por determinarse.

Frente a ello, la ciudadanía se viene haciendo dos preguntas inquietantes que requieren una clara respuesta desde el Estado: primero, ¿cómo fue posible que se presentaran estas firmas sin que los organismos electorales hayan adoptado las acciones necesarias para denunciar estos intentos de fraude? Y segundo, ¿qué medidas se adoptarán ante aquellas organizaciones políticas que han recurrido a ello para formalizar y legitimar su presencia en las elecciones del 2026?

Sobre lo primero, luego de tirarse la pelota ante lo ocurrido, los organismos electorales -JNE, ONPE y Reniec- optaron por responsabilizar a los vacíos legales existentes antes que a sus flagrantes y graves omisiones -obviando las observaciones de la Contraloría, lo que es sumamente grave- además de adoptar algunas acciones más concretas, como la apertura de una consulta en línea para que los ciudadanos puedan verificar la afiliación partidaria; la gratuidad del trámite para desafiliación en casos irregulares; y lo que es importante destacar, la diligente actuación del procurador del JNE ante la presentación de 139 denuncias en el Ministerio Público por estos hechos. Adicionalmente, el presidente del JNE, Roberto Burneo, ha mencionado que dicha entidad tendría la capacidad legal para llevar a cabo una segunda verificación de las fichas de afiliación de los 43 partidos inscritos sin modificar el actual cronograma electoral, si bien esto debería ser acompañado de acciones institucionales más decisivas.

No obstante, si hay algo que se ha venido postergando en el tiempo –lo hemos referido en nuestro artículo anterior– es fortalecer institucionalmente todo el sistema electoral, particularmente el JNE, respondiendo a los más altos estándares de calidad, eficiencia, tecnología y transparencia. Desde su presidencia, por ejemplo, se debió haber impulsado hace mucho tiempo la implementación de los sistemas de gestión de compliance e integridad. Las Normas ISO 37001 (antisoborno) y la del ISO 37301 (cumplimiento normativo) permitirían no solo prevenir futuros intentos de fraude, sino también reconstruir la legitimidad de los procesos electorales.

Un sistema de compliance robusto no solo garantiza el cumplimiento normativo, sino que actúa como arquitectura de integridad institucional, traducida en códigos de conducta, controles anticorrupción y canales de denuncia funcionales. Además, aporta trazabilidad y transparencia a los procedimientos, reduciendo el riesgo de manipulación mediante auditorías independientes y evitando fenómenos como la simulación de integridad institucional. El compliance moderno no es solo una herramienta de control: es un escudo reputacional, una forma de gobernanza basada en riesgos éticos y estratégicos que asegura que las promesas institucionales se cumplan en la práctica y no solo en el discurso. Incorporarlo al sistema electoral no es opcional: es una exigencia mínima de cualquier democracia seria.

Actualmente el proceso de verificación de firmas en el Reniec no tiene ningún rigor científico para su validación y tal como bien lo ha referido el especialista Juan Manuel Villalobos, una firma no válida será observada por el Reniec debido a que, en el cotejo, el verificador advertirá diferencias gráficas (no necesariamente por falsificación) y se tratará de una afiliación indebida, cuando la firma ha sido validada por el Reniec pero que el ciudadano desconoce haber firmado.

Por su parte, el Congreso también ha asumido cartas en el asunto, buscando limpiar su imagen ante un desastre que puede afectar a varios de los partidos actualmente en el poder. Así, además de citar al presidente del JNE y la jefa del Reniec –que tendrá mucho qué decir– a que brinden las explicaciones sobre las firmas falsas denunciadas, el Pleno del Congreso aprobó un proyecto de ley que digitaliza el proceso de inscripción de los partidos políticos mediante el uso del registro biométrico, eliminando el registro manual de firmas de afiliación. Lamentablemente, esta norma no podrá ser aplicada en el proceso electoral actual, dado que el pasado 12 de abril culminó el plazo para cualquier reforma legal al respecto.

En tal sentido, como vienen cuestionando diversos expertos, las organizaciones políticas ya inscritas no sufrirán ninguna sanción legal por haber apelado a firmas falsas para su inscripción, dado que la normativa política y electoral no incluye como causal de cancelación de dicha inscripción el uso de firmas fraudulentas para ello.

Esto no impide, sin embargo, que los ciudadanos podamos sancionar políticamente a los partidos que hayan incurrido en estos intentos de burlar la transparencia y veracidad que debe primar en todo proceso electoral, a través de nuestro voto, más aún si estos no adoptan también acciones contundentes frente a quienes puedan haber promovido esta práctica nefasta en cada partido.

En resumen, como ciudadanos estamos en la obligación de que este tipo de fraudes no quede impune, salvo que queramos vivir en una democracia falsa y corrupta, donde nuestra voluntad se fragüe en una oficina de Azángaro.