¿Cuál es la estrategia del crimen organizado en Pataz?

Es evidente que el asesinato de 13 trabajadores de la minería formal en la provincia de Pataz, en la región La Libertad, tiene un objetivo central: crear una zona liberada de la Constitución y de las leyes nacionales a través de una acción de terror. La alianza entre la minería ilegal y el crimen organizado se propone ese objetivo por la evidente renuncia del Ejecutivo a restablecer el Estado de derecho en la zona convulsionada por las bandas criminales. Se suman 39 trabajadores muertos, 17 torres de alta tensión derribadas y alrededor de 12,000 camiones que se movilizan anualmente transportando el mineral robado a las concesiones de la minería formal.

El abandono del Ejecutivo de la defensa del Estado de derecho en Pataz se produce no obstante que, en los últimos meses, se estableció el Estado de emergencia en la señalada provincia. ¿Por qué no se controlaron los camiones que transportaban el mineral ilegal? ¿Por qué no actúa la autoridad tributaria con las pequeñas unidades que toleran a la minería ilegal? ¿Por qué la policía nacional (PNP) y el sistema de justicia no cumplen su labor de investigar y procesar a las bandas criminales? Todas estas legítimas preguntas revelan la decisión del Estado de hacerse de la vista gorda.

En este contexto, el crimen organizado se propone crear una zona liberada de la Constitución para violentar todos los derechos de propiedad de la provincia de Pataz y desarrollar un emporio de ilegalidad en la explotación del oro. Una tendencia que, sin la acción del Estado de derecho, la movilización de las instituciones del sistema de justicia y de las fuerzas de seguridad, crecerá como la espuma, sobre todo considerando que la onza de oro acaba de dispararse sobre los US$ 3,000 ante la guerra comercial que se desata en el planeta.

Sin embargo, ¿cuál es la condición para que triunfe la estrategia del crimen organizado y se establezca una zona liberada en Pataz? Que las empresas privadas formales, titulares de las concesiones amparadas por la Constitución, las leyes nacionales y los tratados internacionales, se retiren de la zona y abandonen la producción formal. En ese momento solo quedará el Estado frente a las bandas criminales y Pataz se convertirá en zona liberada.

Preservar las concesiones formales, desde la más pequeña hasta la más grande, pues, es un asunto de vida o muerte para detener la estrategia del crimen organizado y evitar que una eventual zona liberada en Pataz sea el punto de partida de un nuevo Estado fallido en el Perú.

Sin embargo, las empresas mineras formales tienen que abandonar una visión teórica en la lucha contra la minería ilegal. Una visión que solo pretende convencer al Perú formal, a los espacios públicos oficiales, ignorando que la lucha contra la minería ilegal requiere una estrategia de persuasión social. ¿Qué pretendemos señalar? Que la lucha contra la minería ilegal exige una estrategia que gane a la formalidad a los pequeños mineros, a los pueblos y localidades vinculadas a la explotación del oro.

Semejante estrategia tiene que desarrollarse con verdaderos operadores sociales y políticos. Se podrá argumentar que las corporaciones modernas no están llamadas a desarrollar ese tipo de actividades y que estamos ante estrictas responsabilidades del Estado y de los partidos políticos. Todo eso es absolutamente verdad. Sin embargo, si las empresas renuncian a la batalla social, el Estado y los políticos seguirán en lo mismo, al menos hasta el próximo cambio de gobierno.

La ausencia de una estrategia social de la minería moderna en la lucha contra la minería ilegal, a nuestro entender, también es una de las explicaciones –entre varias– de la continuidad del terrible y devastador Reinfo. En este contexto, las bancadas legislativas priorizan el cálculo electoral y se niegan a cancelar el actual sistema de formalización minera y derogar todas las sombras grises que favorecen a la minería ilegal.