Antimineros en contra del agua

El pasado jueves 22 de marzo se celebró una vez más el Día Mundial del Agua. Y como era obvio, la izquierda medioambientalista, la que no mueve un solo dedo para proteger el recurso natural, pretendió apropiarse de la celebración.

El día del agua debe servir principalmente para conocer que, según el Instituto de Estadística e Informática (INEI, 2016) el 32.9% de la población —un aproximado de 10.36 millones de personas— no consume agua potable. Esto se debe a que existe una enorme brecha en infraestructura en agua y saneamiento de US$ 12,252 millones en el Perú, según el Plan Nacional de Infraestructura 2016-2025, Un plan para salir de la pobreza, publicado por la Asociación para el Fomento de la Infraestructura Nacional (Afin). Además, solo el 15% de las aguas residuales en el Perú son tratadas y el resto, el 85%, termina contaminando los ríos, los lagos y el mar peruano. Solo el 35% de las 253 localidades atendidas por las Empresas Prestadoras de Servicios (EPS) tienen infraestructura para tratar las aguas residuales.

Para la ONG CooperAcción, la protección del agua solo pasa por la Autoridad Nacional del Agua (ANA), la que debe “abordar las cuencas en donde existe intervención de los proyectos mineros” y los “derechos de uso de agua a las empresas mineras”. Lo que sostiene CooperAcción es que la ANA asuma su responsabilidad de “otorgar, modificar y extinguir derechos de uso de agua”. Es decir, la ONG antiminera y antisistema arrincona a la ANA para que se pronuncie en contra de otorgar derechos de agua, acorde con la ley antiminera Nº 30640 del congresista Arana, que establece la posibilidad de declarar zonas libres de inversión minera a las áreas sobre los 3,000 metros sobre el nivel del mar para supuestamente preservar “las cabeceras de cuenca”.

El radicalismo antiminero cree que las instituciones públicas y las normas legislativas tienen la única responsabilidad de gestionar los recursos hídricos. Por esa razón, el congresista Marco Arana, del Frente Amplio hizo aprobar en el Congreso de la República la llamada Ley de Cabecera de Cuenca (Ley Nº 30640) que modifica la Ley de Recursos Hídricos con la única finalidad de detener las inversiones mineras sobre la cota de 3,000 metros sobre el nivel del mar (msnm). Una intencionalidad claramente antisistema y en contra de una arraigada historia minera peruana. Su propósito es detener el 80% de los proyectos y prospecciones mineras argumentando la protección del agua. Una mentira colosal que no soporta ningún análisis serio. Por el contrario, se entiende el propósito político del izquierdismo nacional de detener la lucha contra la pobreza.

El concepto “cabecera de cuenca” es una total falacia. Para el Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (Ingemmet, institución científica peruana dedicada a fomentar responsablemente la investigación sobre los recursos minerales y la geología ambiental, y otras investigaciones vinculadas al patrimonio geológico nacional) el concepto no existe en ningún libro de geomorfología (estudio de la superficie terrestre).

El ambientalismo de izquierda niega el concepto natural, continuo e integral del ciclo hidrológico: el agua proviene de las lluvias, neblina, granizo y nevada, formando ríos, lagos, lagunas y demás redes acuíferas. Un estudio del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi, 2001) establece que en las regiones central y septentrional del Perú las precipitaciones pluviales ocurren entre las cotas 1,500 m y 3,000 m. Entonces, la tesis del congresista Arana ni tiene ningún valor conceptual.

Diversos estudios institucionales establecen que solo se utiliza el 1% del recurso hídrico del país para las operaciones mineras. Y las sociedades desarrolladas nos enseñan que la única manera de cosechar agua para el consumo humano y la agricultura es mediante la construcción de represas. De otro lado, la minería de hoy, moderna y responsable, es la que más hace por el agua en el Perú construyendo reservorios y redes acuíferas en todo el país.

Por ejemplo, en Cajamarca, la minera Yanacocha construyó el reservorio Chailhuagón, con una inversión de US$ 18.3 millones. Ha puesto a disposición de los agricultores y ganaderos de la zona 2.6 millones de metros cúbicos de agua de lluvia limpia. En Arequipa, con una inversión de S/ 1,300 millones, la minera Cerro Verde construyó la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) La Enlozada. La Planta procesa el 99.5% de los desagües que produce Arequipa, descontaminando a su vez el río Chili. Y, entre otros ejemplos, uno de los proyectos ambientales del Centro Metalúrgico La Oroya (CMLO) fue recuperar y devolver al río Mantaro agua libre de contaminantes químicos y minerales. Tal como es.