¿Sálvese quien pueda?

No es mi costumbre repetir pasajes enteros de una nota anterior. Pero las circunstancias políticas que vive la República así lo exigen.

Decíamos: “Fue Charles Morris…quien nos describió las fuentes de instrucción social que una sociedad ofrecía a sus individuos. Así, llamó él textualidad a aquellas instrucciones que brotaban del Estado formal y que buscaban trazar una finalidad común, orientar a la gente en un espacio y tiempo dados y otorgarles las herramientas legales para operar en ellos”.

Y señalábamos también que: “En sociedades sanas, la textualidad metaboliza aun lo competitivo. En las patológicas, las que se resisten tercamente al cambio, lo competitivo puede devenir fácilmente en contratextual: el camino constituyente que reemplazará al orden constituido”. 

Añadiendo: “Mientras uno ve el comportamiento de los discursos parasitarios supuestamente cooperativos ´esperanzados´ en una milagrosa Hoja de Ruta o actos de contrición gubernamental, desde lo alto se avanza –lo adelantamos ya- hacia lo constituyente. De donde resulta ingenuo hacer llamados a ´la unidad´, ´la inversión´ o el retorno al ´buen camino´”.

Pues bien. Estamos ante una textualidad codificada por un Presidente que dice A pero también puede ser B. Una señora que cierra minas por sí y ante sí, saltándose las disposiciones legales. Ministros que la contradicen. Voces incoherentes, entonces, desde la textualidad.

Así las cosas, ahora quienes ven tocados directamente sus intereses declaran su indignación y amenazan con llevar al Perú a tribunales internacionales; lamentablemente los mismos que ayer ´confiaban´ en un cambio de rumbo de quien camina inexorable a las condiciones constituyentes. Otros gremios –en principio cooperativos con la textualidad– siguen rogando por cambios ajustados a sus propios intereses.

¿Y los intereses y ejercicio libre de la ciudadanía de los más?

No cabe duda de que la Fiscalía de la Nación obedece órdenes. Da tiempo para que escapen delincuentes y no se inmuta ante delitos flagrantes. El Poder Judicial tampoco hace siquiera atisbos de independencia. El Jurado Nacional de Elecciones, el RENIEC y la ONPE hace tiempo se alinearon. Y el todopoderoso y atornillado Tribunal Constitucional convalida cualquier atropello mientras este beneficie al Poder. 

Daría la impresión de que cada quien –que tiene voz pública– espera ser adormecido con algún privilegio privativo; no interesando el resto. Retomando a Morris, en este contexto cualquier sistema competitivo puede devenir en contratextual.

Pero –lo adelantábamos- ¿quién defiende los intereses del ciudadano libre que asiste a la asunción de funciones públicas en violación de la Constitución y de las leyes? ´Pinturita´ es la designación pintoresca de un delincuente fugado. Las Procuradurías y la misma Defensoría del Pueblo podrían tener la misma denominación: ´Pinturita´.

En este grave contexto de descomposición social –con contubernios más que interesados e inmorales- cabe a la población el derecho a la insurgencia. ¿O también la insurgencia funciona solo para los mercantilistas de siempre? Obvio que muchos abogados –ahora constitucionalistas todos– dirán que no. Pues no se trata de un gobierno usurpador. Y en efecto puede no serlo pues la santa ONPE y el JNE lo convalidaron. Pero la hermenéutica lingüística permite leer prístinamente ese artículo 46 de la Constitución cuando dice: “Nadie debe obediencia a un gobierno usurpador, ni a quienes asumen funciones públicas en violación de la Constitución y las leyes”. Ese adverbio de negación ni no alude a la usurpación en sí, sino a acciones que comprometen “a quienes asumen funciones públicas en violación de la Constitución y las leyes”.

Cuando se ha copado el Poder, cuando el camino para los privilegiados que tienen voz pública parece ser ¡sálvese quien pueda…nosotros nos acomodamos! la gente común tiene derecho a la insurgencia “en defensa de la soberanía popular”. Que en este caso –vistas las finalidades gubernamentales y sus alianzas con poderes non sanctos, subversivos y hasta extranjeros– implica una traición a la soberanía nacional.