Salud: los retos para el gobierno en 2024

El reto estratégico del gobierno es “construir un sistema unificado de salud que asegure el ejercicio pleno del derecho a la salud y a la seguridad social” de todos los habitantes del Perú. La necesidad de la construcción de un Sistema Unificado de Salud ha sido puesta en evidencia durante la pandemia y se ha plasmado, como consenso, en el Foro del Acuerdo Nacional. La importancia de este consenso radica en que el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN), que es el órgano rector del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico, facilita el seguimiento de las políticas de Estado aprobadas en el Acuerdo Nacional. Para la formulación del Plan Estratégico de Desarrollo Nacional al 2050 se ha usado como base los consensos alcanzados en el Foro del Acuerdo Nacional. Por otra parte, la Agenda Legislativa del Congreso de la República tiene como fundamento también a los consensos del Foro del Acuerdo Nacional. Por tanto, en cascada, estos acuerdos son plasmados en los tres poderes del Estado y en cada uno de los sectores hasta el nivel local. 

El Sistema Unificado de Salud no implica estatización ni privatización, sino la coordinación y articulación de cada uno de los actores públicos, privados o mixtos, que están involucrados en materias de salud y de seguridad social, para dar respuesta unificada, coherente y complementaria a las necesidades de la población. El Ministerio de Salud (Minsa) es el ente rector, por un lado, de su propio sector y cuenta con la Comisión Intergubernamental de Salud (CIGS), para asegurar el carácter unitario y vinculante en salud de los tres niveles de gobierno. Por otro lado, es también rector del Sistema Nacional de Salud, que es el ente multisectorial y social en materia sanitaria, con amplia representación. El Consejo Nacional de Salud (CNS) conduce el Sistema Nacional de Salud y está presidido por el ministro de Salud. También existen Consejos Regionales y Locales (provinciales y distritales).

Según Acuerdo Nacional, el Consejo Nacional de Salud tendrá funciones deliberativas y consultivas, aunque, en situaciones de emergencia, sus propuestas podrán adquirir carácter vinculante. Además, según la Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Salud, (DL 1161 y sus modificatorias con la ley 30895 y el DL 1504), la potestad rectora del Minsa comprende la facultad para normar, supervisar, fiscalizar y cuando corresponda, sancionar, en los ámbitos que comprende la materia de salud. Asimismo, regula y supervisa la prestación de los servicios de salud, a nivel nacional, en las siguientes instituciones: EsSalud, Sanidad de la Policía Nacional del Perú, Sanidad de las Fuerzas Armadas, instituciones de salud del gobierno nacional y de los gobiernos regionales y locales; y demás instituciones públicas, privadas y público privadas. 

No obstante, en los avances normativos en la construcción del Sistema Unificado de Salud, aún hay falencias y ausencias, como por ejemplo, la adecuación normativa para su funcionamiento coherente y unitario mediante el establecimiento, de manera consensuada y explícita, de políticas públicas, de políticas nacionales, sectoriales y normas sanitarias de nivel nacional, así como, en la regulación de la potestad sancionadora del Minsa para su funcionamiento, es decir, en la reglamentación de la tipificación de las faltas y de las sanciones correspondientes. 

Un siguiente aspecto, esencial para el Sistema Unificado de Salud, es la estructura del nuevo modelo de gestión sanitaria, basado en Redes Integradas de Salud. La Ley de conformación de Redes Integradas de Salud (Ley 30885), integra al conjunto de las organizaciones de salud mediante la coordinación, articulación y complementariedad, sin realizar distinción alguna, ni por su complejidad, ni por su naturaleza pública, privada o mixta. Es decir, las redes están compuestas por los centros y puestos de salud, conocidos como Primer Nivel de Atención de Salud, los hospitales e institutos (segundo y tercer nivel), así como, los establecimientos de salud adscritos a otros sectores públicos y a los del sector privado. Es decir, es un profundo proceso de transformación organizacional, coherente con la construcción de un Sistema Unificado de Salud. 

A pesar de la claridad de la Ley 30885, aún hay “estudiosos o exfuncionarios” que pretenden señalar que las Redes Integradas de Salud son un modelo “prestacional para el primer nivel de atención o cuidado de salud” que “busca: mejorar la salud de la población, mejorar la experiencia de los usuarios, mejorar el uso de los recursos públicos e incrementar la satisfacción de los trabajadores de salud”. E incluso concluyen “que el marco normativo (Ley 30885) no rompe con la fragmentación (sanitaria), por el contrario, la acentúa y perenniza la ineficiencia del Estado en el manejo de los recursos públicos, además, que limita la gobernanza en torno a un territorio”.

Esta es la razón que justifica, hasta la fecha, que no se haya avanzado en la conformación de la Redes Integradas de Salud, o porque, los lineamientos para la elaboración del Manual de Operaciones de Institutos y Hospitales, aumentaba la fragmentación del sector salud, al no estar incluidos, estructural y funcional en las Redes Integradas de Salud. En consecuencia, el Minsa ha tenido que, por un lado, retomar la conformación de las Redes Integradas de Salud, con la adecuación normativa infra legal, y, por otro lado, derogar los lineamientos antes aludidos y trabajar en una nueva propuesta de lineamientos de Manual de Operaciones en el marco de las Redes integradas de Salud. 

Otro aspecto que a veces resulta incomprendido es que las Redes Integradas de Salud, implican un nuevo paradigma de organización sanitaria porque abandona el enfoque de riesgos en salud y adopta el enfoque de determinantes sociales en salud. (Artículo 5 de la Ley 30885). Por tanto, no es una experiencia nueva de “red de servicios de salud”, sino el punto de partida de una nueva relación del Estado con la sociedad. En consecuencia, es imprescindible la conjunción de las acciones en el ámbito local de la Comisión Intergubernamental de Salud (CIGS) y del Consejo Nacional de Salud (CNS).

El nuevo modelo de gestión sanitaria, mediante las Redes Integradas de Salud, implica una amplia participación social, por su enfoque en los determinantes sociales y en la salud pública. Asimismo, relanza la relación Estado-Estado y Estado-sociedad. En esta última se incluye la relación con las empresas privadas, la sociedad civil, las asociaciones, las organizaciones de la comunidad, gremios, sindicatos, entre otros.  

Los retos del gobierno para el 2024 incluyen también el cierre de la brecha entre 

el número de asegurados y la cifra de los que “realmente” acceden a los servicios de salud, el adecuado suministro de medicamentos y la disminución del gasto de bolsillo, la digitalización y la interoperabilidad informática, así como el fortalecimiento cuantitativo y cualitativo de los recursos humanos en salud. ¡Enormes retos!